El gobierno de Javier Milei, a través de una resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ), suspendió hoy la reelección anticipada del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, lo que avivó una confrontación que excede lo futbolístico y que ahora se mueve en los ámbitos de la política y los negocios. La medida, que afecta una asamblea clave convocada para el 17 de octubre, representa un golpe directo a Tapia, quien esperaba ser reelegido por lista única.
La resolución de la IGJ, bajo el liderazgo de Daniel Roque Vítolo y dependiente del Ministerio de Justicia, declaró “la irregularidad e ineficacia total” de la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de la AFA. En dicha reunión, además de la reelección de Tapia, se iba a debatir la suspensión de los descensos en la liga de fútbol y el traslado de la sede de la AFA de la Ciudad de Buenos Aires a la provincia. Curiosamente, la fecha elegida para la asamblea coincide con el Día de la Lealtad Peronista, un hito de relevancia histórica en el país, lo que añadió tensión a la situación.
La suspensión fue solicitada por el Club Talleres de Córdoba, que impugnó el proceso argumentando irregularidades. Ante este reclamo, la IGJ determinó que la asamblea solo podrá avanzar en la aprobación del balance y los libros, pero no en la reelección ni en otras decisiones estructurales.
Una batalla judicial en ciernes
El proceso ha escalado a nivel judicial. El juez Christian Ricardo Pettis, a quien se le notificó la decisión de la IGJ, interviene en una causa iniciada por el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, para frenar la intervención del organismo estatal. La AFA buscará, a través de sus abogados, revertir la resolución antes del 17 de octubre, pero los tiempos son ajustados.
El mayor desafío para Tapia radica en que, si decide seguir adelante con la asamblea a pesar de la suspensión, tanto él como los participantes podrían enfrentar consecuencias penales graves. El artículo 239 del Código Penal argentino sanciona con prisión de quince días a un año a quien desobedezca a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, lo que se aplicaría si la asamblea se realizara en contra de la orden de la IGJ.
Además, los miembros del Comité Ejecutivo de la AFA podrían ser acusados bajo el artículo 301 del Código Penal, que prevé penas de prisión de seis meses a dos años para los directivos que presten su consentimiento a actos ilegales o contrarios a los estatutos de una organización.
Estrategias y posibles consecuencias
Desde el entorno de Tapia, han dejado trascender que la asamblea programada para el predio “Lionel Andrés Messi” de la AFA se llevará a cabo, independientemente de la resolución adversa de la IGJ. Sin embargo, la jugada arriesgada de desoír a la IGJ podría terminar en una intervención directa del Gobierno, algo que las fuentes gubernamentales no descartan completamente, aunque lo ven como un “escenario extremo”.
La única salida legal viable para la AFA sería presentar un recurso de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Buenos Aires. No obstante, este recurso no detendría la prohibición de la IGJ, ya que la ley dispone que el efecto de la apelación sea “devolutivo”, lo que significa que la prohibición seguiría en pie mientras dure el trámite judicial.
Un conflicto con repercusiones más allá del deporte
Este enfrentamiento entre el Gobierno de Milei y la AFA refleja la creciente intersección entre la política y el deporte en Argentina. La influencia de la AFA, encabezada por Tapia, quien ha mantenido vínculos estrechos con el kirchnerismo, ahora enfrenta un desafío directo por parte de la administración actual, que ha puesto bajo la lupa las decisiones tomadas por la entidad en los últimos años.
Con la asamblea suspendida y el futuro de Tapia en el aire, el conflicto entre la IGJ y la AFA podría tener un impacto no solo en el ámbito deportivo, sino también en las relaciones políticas y empresariales que orbitan alrededor del fútbol argentino.
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