A pocas horas del plazo límite para que Cristina Fernández de Kirchner se presente en los tribunales federales de Comodoro Py, el Gobierno nacional prepara un amplio operativo de seguridad que incluirá a las cuatro fuerzas federales. La medida llega en medio de una creciente tensión política, con una movilización convocada por el Partido Justicialista (PJ) en respaldo a la exmandataria.
Según confirmaron fuentes oficiales, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria custodiarán el traslado de Kirchner desde su departamento en el barrio porteño de Constitución hasta Retiro. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, analiza cercar el perímetro de los tribunales y aplicar el protocolo antipiquetes ante eventuales bloqueos.
Mientras tanto, la Justicia aún evalúa si otorga o no el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa. Carlos Beraldi, abogado de la expresidenta, advirtió que negarle esa posibilidad “por su identidad política” sería “catastrófico” y denunció falta de garantías durante el proceso judicial. “Los genocidas tuvieron un juicio justo, Cristina no”, declaró.
El fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por la causa Vialidad desató una fuerte reacción del kirchnerismo. El PJ convocó a una movilización bajo el lema “Argentina con Cristina”, que partirá a las 10 desde San José y San Juan. Aun si se le concede la domiciliaria, desde el peronismo confirmaron que marcharán igual.
Desde Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentó desdramatizar la situación: “No tenemos miedo. Esperamos que prime la racionalidad y que la Justicia actúe pensando en la tranquilidad social”. A su vez, relativizó el alcance político del episodio: “No creo que haya un clima de confrontación violenta, la figura de Cristina va hacia un debilitamiento”.
El desenlace quedará en manos del tribunal que debe definir si Kirchner cumplirá la pena en su domicilio o será alojada en una cárcel federal. “El partido no está perdido”, insistió Beraldi, y adelantó que recurrirán al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La escena política de esta semana quedará marcada por el tratamiento judicial de una de las figuras más importantes del país en las últimas décadas, mientras el oficialismo y la oposición miden el impacto de una condena que sigue dividiendo a la sociedad argentina.
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