El Gobierno nacional oficializó en la madrugada de este martes la disolución de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), organismo creado para indagar posibles irregularidades en torno al criptoactivo $LIBRA, una memecoin que fue promocionada por el propio presidente Javier Milei y cuyo colapso generó pérdidas millonarias a miles de inversores.
La medida fue formalizada mediante el Decreto 332/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Según el texto oficial, “la información recopilada fue remitida al Ministerio Público Fiscal y la Unidad ha dado cumplimiento a la tarea encomendada por el Decreto N°114/25”.
La decisión se da en medio de una creciente presión política y judicial por esclarecer el rol que tuvo el Gobierno en la promoción de un activo digital que, en cuestión de días, pasó de ser un fenómeno viral a convertirse en el centro de un escándalo financiero de alcance internacional.
El caso $LIBRA: de la euforia al desplome
Todo comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando el presidente Milei publicó mensajes en sus cuentas oficiales alentando la compra de $LIBRA, una criptomoneda sin respaldo técnico conocido. Su impacto fue inmediato: el token digital se disparó a más de u$s5 en menos de 48 horas, impulsado por el respaldo presidencial y una ola de especulación en redes sociales.
Sin embargo, la burbuja estalló poco después. Los desarrolladores de la criptomoneda abandonaron el proyecto sin previo aviso y el valor de $LIBRA se desplomó, provocando una pérdida total para quienes invirtieron tarde. La mecánica fue calificada por expertos como un posible caso de “rug pull”, un tipo de fraude común en el ecosistema cripto en el que los creadores recaudan fondos y luego desaparecen.
La UTI y su repentino cierre
Ante la magnitud del escándalo, el Gobierno creó en febrero la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), integrada por especialistas en activos virtuales, delitos financieros y prevención del lavado de dinero. Su objetivo era determinar si existieron maniobras fraudulentas, conflictos de interés o responsabilidades funcionales en la promoción y posterior derrumbe del criptoactivo.
Aunque el decreto de disolución indica que la unidad cumplió su tarea, no se han publicado sus conclusiones ni detalles sobre los hallazgos. Tampoco se conoce oficialmente la identidad de los desarrolladores de $LIBRA ni si existieron vínculos entre estos y funcionarios del actual Gobierno.
Avances judiciales y demanda internacional
Mientras tanto, la investigación judicial continúa en el Ministerio Público Fiscal, que deberá definir si existieron delitos económicos, promoción engañosa o responsabilidades directas del Ejecutivo. El caso incluso escaló a nivel internacional, con una demanda colectiva presentada en Estados Unidos contra Milei por presunta negligencia y respaldo explícito a una estafa digital.
El cierre anticipado de la UTI deja abiertas más preguntas que respuestas y siembra nuevas dudas sobre la transparencia del manejo estatal de una situación que afectó a miles de ahorristas.
-
-
-
-
-
