El Gobierno nacional oficializó este jueves un profundo cambio en la política migratoria argentina mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, publicado en el Boletín Oficial. Esta reforma, impulsada por el presidente Javier Milei, modifica de manera sustancial la Ley de Migraciones N° 25.871 y redefine el acceso de los extranjeros a derechos y servicios en función de su estatus migratorio.
El nuevo marco legal establece un régimen más estricto para el ingreso, permanencia y expulsión de ciudadanos extranjeros. Si bien el texto afirma que el Estado “asegurará el acceso igualitario de los inmigrantes” a los derechos de los ciudadanos argentinos, aclara que será “de acuerdo con los derechos y obligaciones correspondientes a cada categoría migratoria”. Las categorías —residencia permanente, temporaria o transitoria— impactan directamente en el acceso a bienes públicos como salud, educación, justicia, trabajo y seguridad social.
En materia sanitaria, el DNU establece que, salvo casos de emergencia, los extranjeros deberán presentar un seguro médico o abonar el costo del servicio para ser atendidos en hospitales públicos nacionales. Solo los residentes permanentes gozarán de igualdad de condiciones con los ciudadanos argentinos en la atención médica habitual.
El acceso a la educación también fue redefinido. La norma garantiza la escolarización en los niveles inicial, primario y secundario, independientemente de la situación migratoria. Sin embargo, en el nivel superior estatal (universidades y terciarios), la gratuidad será exclusiva para ciudadanos argentinos y extranjeros con residencia permanente. El resto deberá abonar aranceles, aunque podrá acceder a becas según lo determine la autoridad competente.
El DNU también impone nuevos requisitos para ingresar al país, como la presentación de una declaración jurada con los motivos del viaje y un seguro de salud. Quedarán excluidos de ingresar quienes hayan cometido delitos dolosos contra la vida, la integridad sexual o el orden constitucional.
En línea con el endurecimiento del control migratorio, la normativa agiliza los procesos de expulsión. Entre los motivos que pueden derivar en una deportación se encuentran el ingreso ilegal al país, la ausencia de un domicilio declarado, o la permanencia más allá del plazo autorizado. También se podrá revocar la residencia permanente a quienes tengan antecedentes penales o permanezcan fuera del país durante un año o más. Para los residentes temporarios, ese período se reduce a seis meses.
El decreto también modificó la Ley de Ciudadanía N° 346: ahora, para acceder a la ciudadanía argentina, los extranjeros deberán haber residido legalmente por dos años continuos y manifestar su voluntad de naturalizarse. Se establece, además, que quienes realicen “inversiones relevantes” podrán solicitar la ciudadanía sin importar el tiempo de residencia, a criterio del Ministerio de Economía.
Con esta medida, el Ejecutivo busca redefinir el perfil de la inmigración en la Argentina, otorgando prioridad a quienes ingresen con fines productivos y ajustándose a un modelo de reciprocidad y autosuficiencia en el uso de servicios públicos. La medida ya generó fuertes repercusiones entre organizaciones sociales y de derechos humanos.
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