En una conferencia de prensa encabezada por el diputado José Luis Espert desde la Casa Rosada, el Gobierno presentó este jueves el proyecto de ley denominado “Principio de Inocencia Fiscal”, que busca cambiar de raíz el régimen tributario vigente y fomentar la declaración de patrimonios no exteriorizados, particularmente los dólares en efectivo fuera del sistema.
“Vamos a abandonar el régimen persecutorio. Ahora todos somos inocentes, salvo que ARCA demuestre lo contrario”, sostuvo Espert, en referencia al nuevo paradigma que propone el oficialismo. A su lado estuvo el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, quien brindó detalles técnicos del proyecto.
Según el diputado de La Libertad Avanza, el objetivo es “blindar al ciudadano de bien del descalabro de la maldita casta política”. En su intervención, no escatimó críticas contra los sectores opositores que podrían trabar el tratamiento legislativo: “Los diputados y senadores tienen dos caminos: acompañar el proyecto y permitir que los argentinos sean libres, o bien oponerse y condenarlos a esconder sus ahorros bien habidos”.
En un mensaje político encendido, Espert apuntó directamente contra los gobernadores que no adhirieron a la propuesta, en especial Axel Kicillof, a quien calificó como “el soviético que arruinó la provincia”, y mencionó también a los mandatarios de La Pampa, Formosa, Tierra del Fuego, La Rioja, Santa Cruz, Santiago del Estero y Santa Fe.
Cambios estructurales al régimen tributario
Pazo explicó que el proyecto consta de dos esquemas principales:
- Un cambio de paradigma en el régimen general
- Un nuevo régimen simplificado para el Impuesto a las Ganancias
En el primero, se propone modificar los umbrales a partir de los cuales el Estado puede iniciar acciones por evasión. Los límites actuales, de $1,5 millones para evasión simple y $15 millones para evasión agravada, se elevarían a $100 millones y $1.000 millones, respectivamente.
Esta medida implicaría, según Pazo, una drástica reducción de causas en el Fuero Tributario Penal, pasando de 7.500 causas activas a unas 200. A la vez, se reduciría el plazo de prescripción de cinco a tres años, siempre que las declaraciones juradas se hayan presentado en tiempo y forma.
“El que cumpla, estará blindado. El que no, será notificado y deberá pagar”, aclaró el funcionario.
Por último, Espert cerró con una frase que sintetiza la filosofía del proyecto: “Con esta ley estamos garantizando que ningún gobierno del futuro podrá perseguir a los contribuyentes por su situación patrimonial pasada. Ninguna administración adicta a la persecución podrá volver a tratar a todos los argentinos como delincuentes”.
El proyecto ya fue enviado al Congreso Nacional, y se anticipa un debate intenso entre oficialismo y oposición.
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