La privatización de un corredor clave para el comercio regional
El Gobierno Nacional oficializó la transferencia al sector privado de más de 9.000 kilómetros de infraestructura vial, en lo que representa una de las mayores reformas de la Red Vial Nacional en años. Entre los tramos licitados figura la estratégica «Ruta del Mercosur», un corredor clave para el comercio que conecta a Argentina con Brasil, Paraguay y Uruguay, favoreciendo la integración económica del bloque regional.
La privatización se realizará bajo la modalidad de concesiones por peaje, permitiendo a las empresas adjudicatarias asumir tareas de construcción, mantenimiento, ampliación y servicios a los usuarios. Además, las concesiones podrían incluir actividades complementarias que generen ingresos adicionales.
Fundamentos y objetivos del plan
El Decreto 28/2025 justifica esta decisión bajo los lineamientos de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que prioriza la eficiencia y transparencia en la gestión pública. Según los considerandos, el objetivo principal es reducir el tamaño del Estado, equilibrar las cuentas públicas y garantizar un uso eficaz de los recursos fiscales.
El Ejecutivo argumenta que la medida permitirá:
- Mejorar la conservación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura vial.
- Garantizar servicios de calidad y seguridad para los usuarios.
- Asegurar la sostenibilidad financiera mediante la implementación de peajes y actividades complementarias.
El Corredor Vial N° 18: Una infraestructura estratégica
Entre los tramos licitados destaca el Corredor Vial N° 18, que recorre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, conectando zonas productivas clave con los países del Mercosur. Este corredor incluye la Ruta Nacional N° 174, que une Victoria, en Entre Ríos, con Rosario, en Santa Fe, atravesando el Río Paraná.
El Gobierno subrayó la importancia de este corredor, señalando que «su conectividad no solo favorece al Litoral argentino, sino también al desarrollo del Mercosur, consolidando vínculos económicos y sociales entre las naciones del bloque».
Impacto económico y controversias
El anuncio ha generado expectativas y divisiones. Por un lado, el sector empresarial valora la iniciativa como un estímulo para atraer inversiones, generar empleo y modernizar la infraestructura vial. Por otro, sectores opositores y gremios expresaron preocupación ante la posibilidad de un aumento en los costos para los usuarios y el control monopólico de rutas estratégicas.
En declaraciones recientes, representantes del Ministerio de Economía aseguraron que «la licitación garantizará la transparencia y la competencia, priorizando propuestas que ofrezcan tarifas razonables y beneficios tangibles para la población».
El desafío de la implementación
El proceso de licitación, que deberá completarse en un plazo máximo de 12 meses, enfrenta el reto de equilibrar los intereses del Estado, los usuarios y las empresas. En este contexto, la infraestructura vial se posiciona como un eje fundamental para el desarrollo económico y social del país, especialmente en un momento en que el comercio regional requiere vías eficientes y seguras.
A medida que se avanza en la ejecución del decreto, la atención estará puesta en cómo este ambicioso plan impactará en la vida diaria de los argentinos y en la competitividad del Mercosur en el escenario global.
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