Ayer, el ministro de Economía de la Nación encendió una nueva luz de alerta para la provincia de Corrientes al anunciar el posible cierre de sucursales del Banco Nación en aquellos municipios que, según el gobierno, aplican aumentos injustificados en las tasas municipales. El anuncio fue realizado tras una reunión con el presidente Javier Milei, quien pidió medidas concretas contra lo que considera “abusos” en el cobro de impuestos locales que impactan sobre los servicios y créditos nacionales.
“El presidente me solicitó que cerremos las sucursales del Banco Nación en aquellos municipios que insisten con abusar de sus vecinos mediante subas de tasas municipales injustificadas, que además esconden en servicios nacionales”, afirmó el ministro de Economía, en un mensaje que generó preocupación en varias localidades del país.
En Corrientes, donde el Banco Nación tiene 16 sucursales repartidas en todo el territorio provincial, la noticia ha generado inquietud, ya que estas oficinas son esenciales para el pago de salarios, prestaciones sociales y otros servicios bancarios. Un eventual cierre afectaría gravemente a los usuarios que dependen de estas operaciones.
El ministro también mencionó que ya había iniciado conversaciones con el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, quien será el encargado de ejecutar esta medida. “Estamos todos los argentinos haciendo un esfuerzo enorme por sacar al país adelante, pero todavía hay sectores de la política que quieren aferrarse a un modelo de ‘privilegios para pocos y pobreza para muchos’, el mismo que hemos padecido durante los últimos 20 años”, enfatizó.
La medida, según explicó, no es solo una acción aislada, sino que busca ser ejemplificadora para todos los municipios del país. El caso de la provincia de La Pampa, donde el Banco Nación decidió cerrar 9 sucursales en respuesta al aumento de la alícuota de Ingresos Brutos sobre la actividad financiera del 7,5% al 15,5%, es visto por el gobierno nacional como un ejemplo de las acciones que se tomarán en otras jurisdicciones. La decisión fue revertida después de negociaciones, pero sirvió como advertencia a otros distritos.
El argumento detrás de esta política radica en que las subas de impuestos locales afectan directamente el otorgamiento de créditos, lo que justifica el cierre de las sucursales en los municipios que aplican estos incrementos. En este contexto, el gobierno de Javier Milei asegura estar cumpliendo con el mandato que, según ellos, el pueblo argentino votó: un cambio profundo en las políticas fiscales y la eliminación de lo que consideran “privilegios”.
El anuncio ha generado un fuerte debate entre dirigentes locales, quienes consideran que esta medida podría afectar más a los ciudadanos que a las gestiones municipales, mientras que desde la oposición se cuestiona la forma en que se está implementando esta política de ajuste. El cierre de sucursales no solo perjudicaría a las economías locales, sino que también limitaría el acceso a servicios bancarios esenciales en muchas regiones.
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