El Gobierno Nacional trabaja en una profunda reforma del marco normativo migratorio con el objetivo de endurecer las condiciones de ingreso y permanencia de extranjeros en el país, en línea con las políticas restrictivas adoptadas en otros países. La iniciativa, incluida en el paquete de reformas anunciado por el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, busca reducir el gasto público, reforzar la seguridad y priorizar el acceso a servicios para ciudadanos argentinos.
La redacción del proyecto está a cargo del Ministerio de Justicia, liderado por Mariano Cúneo Libarona, y se espera que la propuesta sea presentada en el Congreso en las próximas semanas, con la intención de lograr su aprobación antes de finalizar el 2025.
Aranceles en salud y educación para extranjeros no residentes
Uno de los puntos centrales de la reforma es la creación de un esquema de cobro de aranceles a extranjeros no residentes por los servicios de salud y educación pública. Esta medida ya se aplica en algunas provincias como Salta, Mendoza, Jujuy y Santa Cruz, donde se logró reducir el gasto público y desincentivar los llamados «tours sanitarios» de ciudadanos extranjeros que cruzan la frontera para recibir atención gratuita.
En el ámbito educativo, el presidente Milei afirmó que las universidades públicas también deberán cobrar matrícula a extranjeros sin residencia permanente, aunque esta medida requiere la aprobación del Congreso. No se descarta la posibilidad de avanzar por decreto si el proyecto no obtiene consenso legislativo.
Deportación acelerada y mayores controles
Otro aspecto clave es el endurecimiento de los procesos de deportación para extranjeros involucrados en delitos. La iniciativa propone ampliar el listado de delitos que permiten la expulsión inmediata, incluyendo aquellos vinculados al narcotráfico, el robo agravado y la violencia de género.
El gobierno también plantea que los inmigrantes que ingresen con documentación falsa o con fines distintos a los declarados puedan ser rechazados directamente en frontera. Esta modificación apunta a agilizar los procedimientos administrativos y evitar que los extranjeros permanezcan en el país durante largos procesos judiciales.
Refuerzo en las fronteras y lucha contra el contrabando
La reforma migratoria prevé una fuerte inversión en la seguridad de las fronteras con Bolivia, Paraguay, Brasil, Chile y Uruguay, con la instalación de nuevos radares, sistemas de vigilancia y mejor infraestructura en los pasos fronterizos.
El gobierno busca así reducir el ingreso ilegal de personas y combatir delitos como el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando.
Inspiración en las políticas de Donald Trump
La propuesta migratoria argentina tiene similitudes con las políticas adoptadas por el expresidente estadounidense Donald Trump, quien endureció las condiciones para la inmigración y priorizó el acceso a servicios públicos para ciudadanos norteamericanos.
Según fuentes del Gobierno, algunas de las medidas del exmandatario republicano podrían servir como modelo para la legislación argentina, especialmente en lo referido a la expulsión de extranjeros con antecedentes penales y la vigilancia fronteriza.
Debate abierto y críticas desde sectores sociales
La iniciativa ya genera divisiones entre distintos sectores políticos y organizaciones sociales. Mientras que desde el oficialismo destacan que las medidas buscan proteger los recursos públicos y garantizar la seguridad, las asociaciones de derechos humanos advierten que la reforma podría vulnerar derechos fundamentales y generar discriminación hacia la población migrante.
El proyecto será enviado al Congreso en los próximos meses, y promete convertirse en uno de los debates legislativos más intensos del año.
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