El Gobierno Nacional incluyó este viernes a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La decisión, formalizada mediante la Resolución 210/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional, firmada por Patricia Bullrich, se fundamenta en la presunta vinculación de la organización con una serie de incendios y atentados que afectan la región patagónica.
La RAM y su impacto en la seguridad nacional
La resolución califica a la RAM como una amenaza «seria y multifacética» para la seguridad del país, señalando sus supuestos vínculos con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) de Chile. Según el Gobierno, desde 2010 el grupo ha sido responsable de «cientos de hechos con características terroristas», incluidos incendios intencionales, ataques a propiedades y agresiones selectivas o indiscriminadas contra personas.
La declaración se basa en el artículo 41 quinquies del Código Penal, que establece agravantes para los delitos cometidos con fines de terrorismo. Entre los actos atribuidos a la RAM se destaca su presunto uso del incendio como herramienta de presión, una práctica que, según el Ejecutivo, fue reivindicada públicamente por su líder, Facundo Jones Huala.
El contexto político y legislativo
La resolución también menciona la derogación del Decreto Nº 805/21, que extendía los plazos de la Ley Nº 26.160, evitando desalojos de tierras usurpadas. Según el Gobierno, esta derogación incrementó los conflictos en la región, con un aumento significativo de incendios intencionales en Neuquén, Río Negro y Chubut.
Bullrich había anticipado esta decisión tras las declaraciones de Jones Huala, quien justificó los atentados y defendió la lucha armada durante un acto reciente. En ese contexto, la RAM también respaldó al grupo «Facción Autónoma de Liberación Mapuche Puelwillimapu», que se atribuyó el ataque a una estancia cercana a Esquel.
Acciones para frenar la financiación del grupo
El documento oficial subraya la necesidad de cortar cualquier tipo de financiamiento que pueda sostener las actividades de la RAM y otras agrupaciones relacionadas. «El crimen organizado constituye una amenaza grave para la seguridad nacional y el orden público, que demanda respuestas urgentes y contundentes», señala la resolución.
Implicancias de la medida
Con la inscripción de la RAM en el RePET, el Gobierno busca reforzar las medidas de investigación, prevención y represión contra los actos violentos atribuidos al grupo. La decisión tiene un impacto significativo en la política de seguridad nacional, al tiempo que genera controversias en torno al conflicto por las tierras y los derechos de los pueblos originarios.
La medida representa un paso más en la escalada de tensión entre el Ejecutivo y sectores vinculados al reclamo territorial, mientras se debate el equilibrio entre el respeto a las comunidades indígenas y la protección del orden público en la Patagonia.
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