El presidente Javier Milei oficializó un nuevo régimen para las contrataciones en el sector público a través de los Decretos 1148/2024 y 1149/2024, con el propósito de optimizar recursos y reducir el gasto público. Estas medidas incluyen severas restricciones para nuevas designaciones, una duración máxima de seis meses para los contratos, y la implementación de evaluaciones de competencias como requisito indispensable.
Principales modificaciones
El Decreto 1148/24, firmado por Milei junto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, establece que cada nueva contratación en el sector público deberá ser precedida por tres bajas en la plantilla, con excepciones limitadas a sectores estratégicos como:
- El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
- Universidades nacionales.
- El Servicio Exterior y Guardaparques.
- Cargos ejecutivos y profesionales críticos.
Además, quedan prohibidas las designaciones en las plantas transitorias, permanentes y bajo contratos de modalidad parcial o autónoma.
Por otro lado, el Decreto 1149/2024 impone que las contrataciones posteriores al 1° de enero de 2025 no podrán superar los seis meses, con un plazo máximo de vigencia hasta el 30 de junio de 2025. A partir de esa fecha, solo podrán continuar aquellos empleados que superen la Evaluación General de Conocimientos y Competencias.
«La motosierra continúa»: austeridad en el Estado
El ministro Sturzenegger destacó que estas normativas son parte de la política de ajuste estatal, describiendo el plan como una medida para consolidar la eficiencia y sostenibilidad del sector público. «Toda solicitud de alta deberá justificarse rigurosamente y responder al objetivo de reducir el tamaño del Estado«, señaló en redes sociales.
La normativa exige que cada área del Estado justifique las contrataciones ante la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público, dependiente de la Secretaría de Transformación del Estado.
Justificación oficial
En los considerandos del decreto, el Gobierno argumentó que las restricciones son una respuesta a la «emergencia pública y los objetivos de esta gestión», orientados a reducir el gasto estatal y garantizar la eficiencia operativa. Asimismo, instó a las empresas estatales y organismos con participación mayoritaria a replicar estas medidas, extendiendo el ajuste a todos los niveles de la administración pública.
Impacto y perspectivas
Con estas disposiciones, el Gobierno busca reconfigurar la estructura estatal y limitar su tamaño en un contexto de ajuste fiscal. Las medidas, aunque alineadas con la estrategia de Milei para reducir el gasto público, generan interrogantes sobre el impacto en el funcionamiento de las áreas estratégicas del Estado.
La implementación de estas políticas dependerá de la capacidad operativa de las entidades públicas para adaptarse a las nuevas reglas, así como de la aceptación política y social en un clima económico ya complejo.
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