El Gobierno nacional dio un paso más en el cierre definitivo del programa Procrear, creado en 2012 para facilitar el acceso a la vivienda mediante créditos subsidiados por el Estado. A través de la resolución 764/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía estableció los lineamientos para la liquidación total del fondo fiduciario que lo sustentaba, consolidando así la decisión adoptada en noviembre del año pasado mediante el decreto 1018/2024.
La Secretaría de Obras Públicas será la encargada de ejecutar el proceso de disolución. En paralelo, el Banco Hipotecario, que oficiaba como fiduciario, mantendrá su rol en la gestión de los créditos individuales aún vigentes, bajo las condiciones originales del contrato. A tal fin, se autoriza la celebración de un nuevo Contrato de Mandato entre el ministerio que dirige Luis Caputo y la entidad bancaria, para asegurar la continuidad operativa en el tramo final del programa.
Respecto de los bienes inmuebles no vinculados a obras en ejecución, la normativa indica que deberán ser transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), en sintonía con lo ya dispuesto por el decreto que en 2024 ordenó la disolución.
Pese al cierre, el Ejecutivo reconoció en el texto oficial las dificultades que enfrentan amplios sectores sociales para acceder a una vivienda. “No es posible desconocer la dificultad de vastos sectores de la sociedad para acceder a una vivienda, producto de contextos desfavorables para el acceso a créditos, generados, entre otros motivos, por la alta inflación de las últimas décadas”, se lee en la resolución. Sin embargo, también afirmó que “la financiación de la construcción de viviendas es una actividad propia y principal de los bancos comerciales, privados y públicos, por lo que no se justifica la intervención del Estado en esa materia”.
En línea con esta postura, el vocero presidencial Manuel Adorni había anticipado un día antes en su cuenta de X que “el plan Procrear tal y como lo conocemos, dejará de existir”, y añadió que comenzarán a permitirse las “hipotecas divisibles” para facilitar el financiamiento de desarrollos inmobiliarios.
La resolución también instruyó a la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a supervisar el cumplimiento del contrato de gestión de cobranzas con el Banco Hipotecario. Esto incluye garantizar que los fondos recuperados sean debidamente canalizados al Estado, descontando costos administrativos y retribuciones pendientes. Se incluye también la posibilidad de vender carteras de créditos que generen un rendimiento inferior al 40% del total esperado.
En caso de surgir litigios relacionados con el cierre del fondo fiduciario, será la Subsecretaría Legal la que deberá actuar en representación del Estado. Finalmente, se reiteró que las unidades o inmuebles aún en poder del programa podrán ser transferidos a provincias, municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y organismos nacionales, previa intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Si los terrenos o propiedades fueron aportados por jurisdicciones subnacionales, se podrá acordar su restitución parcial o total.
Con estas medidas, el Gobierno liquida una de las políticas públicas de vivienda más representativas del kirchnerismo, consolidando su nueva visión sobre el rol del Estado en el acceso a la vivienda y el mercado inmobiliario.
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