El Gobierno nacional avanzó con la reglamentación de un nuevo mecanismo laboral que permitirá reemplazar parcial o totalmente la indemnización por despido tradicional mediante la creación de un fondo de cese laboral. La medida quedó formalizada mediante la Resolución General 847/2024 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y se enmarca dentro de los cambios habilitados por la Ley Bases.
El nuevo esquema no es obligatorio: se trata de un sistema optativo que podrá ser aplicado únicamente a través de acuerdos paritarios. Es decir, su implementación dependerá de la voluntad de empleadores y sindicatos en cada sector, siempre con homologación oficial.
El fondo funcionará con aportes mensuales del empleador —y eventualmente del trabajador, si se acuerda— que se irán acumulando durante toda la relación laboral. Al momento del cese del vínculo, el monto reunido será transferido directamente al trabajador, quien podrá disponer libremente del dinero.
En cuanto al funcionamiento financiero, se permitirá la utilización de Fondos Comunes de Inversión cerrados o Fideicomisos Financieros, los cuales deberán cumplir con estrictas normas de transparencia y estar orientados exclusivamente al objetivo del cese laboral. El capital acumulado será patrimonio separado e inembargable, y el pago tendrá carácter cancelatorio de las obligaciones indemnizatorias pactadas.
Desde la CNV se remarcó que el objetivo de esta herramienta es reducir la litigiosidad laboral, brindar previsibilidad financiera a los empleadores y asegurar un ahorro protegido para los trabajadores.
Sin embargo, la iniciativa despertó críticas y reservas en sectores gremiales, que advierten un posible retroceso en los derechos laborales históricos, especialmente en sectores más vulnerables o con alta rotación de empleo. Otros, en cambio, la valoran como un modelo que podría facilitar la formalización y reducir los conflictos judiciales.
El nuevo régimen se inspira en el modelo ya existente en la industria de la construcción, pero su extensión a otros sectores dependerá del consenso paritario, lo que deja en manos de las partes sociales la decisión de adoptarlo o no.
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