El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Jorge Macri, enfrenta críticas generalizadas tras la implementación de un drástico aumento en el impuesto a las patentes que alcanzó hasta el 84% en algunos casos. Esta medida ha generado una fuerte reacción entre los contribuyentes porteños, quienes ven con indignación cómo sus obligaciones fiscales se disparan, pese al discurso oficial que aboga por una reducción de impuestos.
En un contexto en el que la inflación ha comenzado a ceder gracias a las políticas económicas del gobierno nacional liderado por Javier Milei, la decisión de la administración porteña de incrementar el tributo parece aún más injustificada. En diciembre de 2024, un contribuyente que pagaba $69.294,51 por la patente de su vehículo se encontró, al comenzar 2025, con una cifra de $127.648,20, un aumento abrupto que no encuentra respaldo en la coyuntura económica actual.
Un discurso que no se traduce en hechos
Durante su campaña electoral, Jorge Macri se posicionó como un defensor de la baja de impuestos y la desburocratización del Estado. Sin embargo, este incremento desmesurado en las patentes pone en entredicho la coherencia entre su discurso y su gestión. La promesa de aliviar la carga impositiva de los porteños parece haber quedado relegada ante una política fiscal que prioriza la recaudación por sobre el bienestar de los ciudadanos.
Los vecinos no solo se quejan por el peso que esta suba tiene en sus bolsillos, sino también por la falta de mejoras concretas en servicios como infraestructura, seguridad o transporte que puedan justificar este aumento. Para muchos, la medida refuerza la percepción de que la gestión de Macri sigue una línea continuista respecto de sus antecesores, caracterizada por el uso de tarifas como herramienta de ajuste fiscal.
Impacto social y político
La suba de las patentes llega en un momento crítico para los habitantes de la Ciudad, quienes enfrentan una economía aún golpeada por años de alta inflación y un mercado laboral con ingresos que no terminan de recuperarse. Además, el malestar social generado por la medida podría impactar en la imagen pública de Jorge Macri y su proyección política a nivel local y nacional.
A nivel político, el «impuestazo» pone en tela de juicio la credibilidad del jefe de gobierno porteño y podría erosionar su base de apoyo. La medida ha sido vista por muchos como un incumplimiento flagrante de sus promesas de campaña, lo que podría costarle capital político en el futuro cercano.
¿Un camino sin salida?
El aumento en las patentes refleja una tendencia preocupante en la administración porteña: la falta de alternativas a la presión fiscal como fuente de ingresos. Mientras otros gobiernos buscan optimizar recursos y reducir gastos innecesarios, la Ciudad de Buenos Aires parece seguir confiando en los impuestos como principal herramienta de financiamiento.
En este escenario, los porteños quedan atrapados en una dinámica que castiga a los contribuyentes con cargas impositivas cada vez más elevadas, mientras las promesas de alivio fiscal quedan en el olvido. La decisión del gobierno de la Ciudad no solo impacta en los bolsillos de los ciudadanos, sino que también pone en jaque la confianza en una gestión que parece más preocupada por engrosar sus arcas que por ofrecer soluciones reales a las necesidades de la población.
Con este aumento, Jorge Macri enfrenta el desafío de reconciliar sus promesas de campaña con la realidad de su gestión, mientras los contribuyentes siguen esperando un verdadero compromiso con el alivio fiscal y una política que priorice su bienestar por sobre los números fiscales.
-
-
-
-
-
