El Ministerio de Desregularización, bajo la dirección de Federico Sturzenegger, ha presentado hoy un paquete legislativo que promete transformar tanto el ámbito familiar como el judicial en Argentina. Entre los proyectos enviados al Congreso, destaca la llamada Ley Hojarasca, que introduce cambios significativos en la ley de divorcio, y un ambicioso plan de modernización judicial.
Divorcio exprés: sin pasar por la justicia
Uno de los puntos más relevantes de la Ley Hojarasca es la incorporación de una nueva causa para la disolución del matrimonio: el “divorcio en sede administrativa”. Este mecanismo, equiparado en sus efectos al divorcio judicial, permitirá que las parejas que soliciten el divorcio de manera conjunta lo hagan directamente ante el Registro del Estado Civil, sin necesidad de recurrir a un juez.
Actualmente, el artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que el matrimonio puede disolverse por la muerte de uno de los cónyuges, por una sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento o por un divorcio decretado judicialmente. Con esta reforma, se incluiría el divorcio administrativo como una cuarta opción, con el objetivo de simplificar el trámite, reducir costos y descomprimir los tribunales.
El proyecto también modifica otros artículos clave del Código Civil, como el 437, donde se especifica que el divorcio en sede administrativa solo podrá realizarse si ambos cónyuges lo solicitan de manera conjunta. Asimismo, se ajusta el artículo 51 de la Ley 26.413, que regula la inscripción de matrimonios y divorcios, para incorporar este nuevo procedimiento administrativo.
Modernización y desburocratización judicial
El segundo proyecto de ley, titulado Ley de Modernización, Digitalización y Desburocratización de la Justicia, apunta a optimizar el funcionamiento del Poder Judicial. Esta propuesta se articula en seis capítulos, todos orientados a reducir la burocracia y digitalizar los procesos judiciales, lo que no solo facilitaría los trámites, sino que también reduciría los costos operativos.
Entre las medidas más destacadas se encuentra la eliminación de la obligatoriedad de publicar edictos en diarios. En su lugar, estos anuncios solo deberán aparecer en el Boletín Oficial, un cambio que busca reducir tanto los costos como el uso innecesario de papel.
Un aspecto crucial de la reforma es la modificación del manejo de los fondos judiciales. Actualmente, los fondos depositados en cuentas judiciales solo pueden ser extraídos mediante orden judicial. La nueva ley elimina la opción de extracción física, permitiendo únicamente transferencias electrónicas, en un esfuerzo por modernizar la gestión de estos recursos.
Además, se propone romper el monopolio que tiene el Banco Nación sobre los depósitos judiciales, permitiendo que estos fondos puedan ser depositados en cualquier entidad financiera en la que el Estado nacional, las provincias o la Ciudad de Buenos Aires tengan participación accionaria. Esto abre el abanico a bancos provinciales y entidades financieras privadas, como Banco Macro, Banco Galicia y BBVA, entre otros.
El proyecto también incluye modificaciones en el manejo de bienes incautados, permitiendo que estos sean gestionados por cualquier banco donde el Estado tenga participación accionaria, ampliando las opciones para su resguardo.
Implicaciones
La introducción de estas reformas marca un esfuerzo significativo por parte del gobierno para agilizar procesos judiciales y descomprimir la carga en los tribunales. Si bien el divorcio administrativo es una medida que promete mayor rapidez y facilidad para las parejas que desean disolver su matrimonio, su implementación generará debates sobre su impacto en la sociedad y el rol que debe jugar la justicia en este tipo de procedimientos.
Por otro lado, la modernización judicial es un paso importante hacia la digitalización del sistema judicial argentino. Sin embargo, la apertura del manejo de fondos judiciales a bancos privados podría levantar sospechas y provocar discusiones sobre la transparencia y seguridad de estos recursos.
A medida que los proyectos avanzan en el Congreso, el debate está asegurado, con implicaciones que abarcan desde lo familiar hasta lo financiero y judicial.
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