La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, lanzó el programa “Manos a la Obra”, una ambiciosa iniciativa que establece que todos los reclusos de las cárceles federales deberán realizar trabajos durante su tiempo de reclusión. El programa, que se implementará en todo el país, busca reorganizar el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y reducir el ocio entre los internos, promoviendo la responsabilidad y el trabajo como herramientas de reinserción.
Durante la presentación del programa en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, Bullrich enfatizó que este es un hito importante en la política de seguridad del gobierno de Javier Milei, y destacó que la medida responde a la necesidad de retribuir a la sociedad por los delitos cometidos.
El trabajo como herramienta de reinserción
“Este programa pone fin al ocio en las cárceles. El ocio no es un tratamiento penitenciario, es parte de la cultura delictiva, y no lo vamos a permitir más”, declaró Bullrich de manera enfática. Según la ministra, “Manos a la Obra” busca reestructurar el rol de los internos, quienes a partir de ahora estarán obligados a trabajar como parte de su proceso de cumplimiento de condena. Bullrich también dejó claro que aquellos que se nieguen a trabajar, no recibirán un salario, haciendo referencia a que el Código Penal establece que los presos deben hacerse responsables del mantenimiento de los establecimientos penitenciarios.
Para la ministra, el objetivo es claro: “Queremos reinserción, pero no a costa de que alguien que antes robaba ahora quiera recibir un sueldo sin trabajar”. Esta medida apunta a reestructurar el sistema penitenciario y romper con lo que Bullrich describe como una “injusticia” hacia la sociedad, que financia a través de sus impuestos las cárceles donde, hasta ahora, muchos presos no cumplían con actividades laborales.
Un cambio estructural en el sistema penitenciario
Julián Curi, subsecretario de Asuntos Penitenciarios, respaldó las declaraciones de Bullrich y agregó que durante los últimos 10 meses se han enfrentado importantes desafíos en la gestión del SPF, desde la implementación de sistemas de mayor control para reclusos de alto riesgo hasta la resolución de más de 600 hábeas corpus. Curi también anticipó cambios en la ley orgánica del Servicio Penitenciario, con el objetivo de modernizarla y adaptarla a las nuevas necesidades del país.
Otro punto clave de la reforma es la eliminación de beneficios económicos a reclusos que recibían pensiones por invalidez sin cumplir los requisitos necesarios. El cruce de datos permitirá cancelar esos beneficios a quienes no les correspondan.
Además, se espera que con el programa “Manos a la Obra”, los internos participen activamente en la confección de uniformes tanto para el personal penitenciario como para los reclusos. La ministra también informó que se ha iniciado una prueba piloto en el Complejo 4 de mujeres en Ezeiza, donde las internas ya están trabajando en tareas de mantenimiento, como pintar las instalaciones.
Transparencia y control
Un aspecto central del programa es el uso de sistemas biométricos para controlar los horarios de trabajo y garantizar la productividad de los reclusos. Según Fernando Martínez, director del SPF, este enfoque permite mejorar la organización interna y optimizar el uso de los recursos disponibles, ya que hasta ahora solo el 34% de la capacidad laboral de los presos estaba siendo aprovechada.
El programa busca cambiar esa dinámica y aumentar el porcentaje de internos que participan activamente en talleres y otras actividades productivas dentro de los penales. Martínez reveló que entre 2020 y 2024, el presupuesto del ente cooperador penitenciario aumentó un 700%, gran parte de ese monto utilizado para subsidiar a internos que no trabajaban, algo que “ya no será tolerado”.
Una reforma que genera debate
El anuncio de “Manos a la Obra” ha generado diferentes reacciones. Por un lado, el gobierno destaca que esta medida contribuye a reforzar la seguridad pública y reducir la impunidad, estableciendo una clara distinción entre quienes respetan las leyes y quienes las violan. “No es lo mismo robar que no robar, ni matar que no matar”, concluyó Bullrich durante el acto, reafirmando la línea de mano dura del gobierno de Milei en su lucha contra el crimen.
Sin embargo, algunos sectores advierten sobre los desafíos legales y éticos que podría plantear la imposición obligatoria de trabajo a los reclusos, especialmente si no se garantiza que las condiciones de trabajo sean justas y que se respete la dignidad de los internos. También preocupa la posibilidad de que el trabajo forzado pueda entrar en conflicto con los derechos humanos y las normativas internacionales.
En cualquier caso, “Manos a la Obra” representa un cambio significativo en el enfoque de la política penitenciaria argentina, y su éxito o fracaso dependerá de cómo se implemente en los próximos meses.
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