El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo se presentó el miércoles en los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria por el escándalo de presuntas coimas dentro del organismo, que se describen en audios atribuidos a él.
En ese marco, el presunto autor del material auditivo se negó a declarar en su indagatoria y no contestó preguntas del juez Sebastián Casanello ni del fiscal Franco Picardi, quien lo acusa de ser una parte central de un presunto esquema de cobros y pagos ilegales con droguerías.
El exfuncionario de la Libertad Avanza hizo, sin embargo, una serie de “aclaraciones” informales durante la audiencia que quedaron registradas en la grabación por las cuales negó todas las acusaciones.
Hoy, jueves 20 de noviembre, es el tercer día de declaraciones indagatorias en una causa que tiene 15 imputados y un empresario detenido, Pablo Atchabahian, que cumple arresto domiciliario en su casa de Mendoza.
La ronda de indagatorias comenzó con las declaraciones, en diferentes días, de Atchabahian y Miguel Ángel Calvete, el otro de los imputados que está preso. En este caso, la detención no la dispuso Casanello: Calvete fue condenado en una causa de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena. Si bien llevaba tiempo condenado, el tribunal que tiene su caso ordenó su detención el mes pasado, después de que se lo allanara en el marco de este nuevo expediente.
El fiscal había pedido las detenciones de seis acusados, pero el juez consideró que sólo era necesario avanzar contra Atchabahian, a quien llevaban semanas buscado sin éxito para requisarlo y secuestrarle su celular. Al resto, le impuso otras medidas, como la entrega de pasaportes y la obligación de presentarse periódicamente en el juzgado.
La ronda de indagatorias en el caso por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) continuó este jueves con Daniel Garbellini, exfuncionario clave del organismo, quien evitó declarar o contestar preguntas del juez o del fiscal durante su paso por los tribunales de Comodoro Py.
El fiscal Franco Picardi acusa a Garbellini de haber recibido y acatado órdenes de personas que no formaban parte del organismo durante el tiempo que fue director de la agencia. “Permitió que personas ajenas a la estructura formal de la Andis tomaran decisiones de gestión”, dijo el fiscal en su dictamen.
Según su abogado, Agustín Biancardi, Garbellini no realizó ningún descargo porque no cuenta con acceso a la totalidad del expediente. “Hay tres legajos que están reservados”, dijo a los medios al término de la indagatoria.
Informó también que presentó un recurso de apelación ante Cámara Federal para que se le habilite “acceso completo a la causa”.
Garbellini es el cuarto de los 15 acusados llamados a indagatoria por el juez Sebastián Casanello. Hasta el momento, todos optaron por no declarar ni contestar preguntas.
Por Nicolás Pizzi
“No voy a Israel”, escribió Diego Spagnuolo el 12 de junio a las 17:57. Su interlocutor, Miguel Ángel Calvete, el lobbista de las droguerías, reaccionó indignado: “Anda igual nabo. No muestres debilidad. Te operan re facil. Déjate de joder”. El escándalo de la Andis y la filtración de los audios todavía no habían ocurrido. Spagnuolo se lamentaba, vía WhatsApp, por el viaje frustrado a Israel. En su reemplazo, finalmente iría Daniel Garbellini, su segundo en la Agencia de Discapacidad, con quien estaba enfrentado.
¿Por qué no viajó Spagnuolo? Los chats a los accedió LA NACION, que son parte del expediente judicial, revelan detalles sorprendentes de esa trama.
“Karina le dijo el embajador que no quiere que vaya, por todo el quilombo que hay acá en Discapacidad”, le contó Spagnuolo a Calvete ese mismo día, a las 18:04, en una referencia directa a la secretaria general de la Presidencia. Y agregó: “Esto me lo informan desde allá. Es gente amiga … Y el viejo conchudo me firmó la autorización”.
La Justicia investiga una hipótesis alarmante: que el organismo destinado a “promover los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad” funcionó, en los hechos, como una bolsa de negocios para empresarios que lo infiltraron, se repartieron contratos de compra de medicamentos e insumos, cobraron sobreprecios y pagaron sobornos. Esa es la sospecha que expuso el fiscal federal Franco Picardi en su dictamen de la semana pasada en la causa que investiga una presunta estafa gigantesca dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante el gobierno de Javier Milei.
¿Quién habilitó a estos “privados”, profesionales en el manejo de cajas en distintos organismos y durante los más diversos gobiernos, a desembarcar en la Andis? Esa pregunta es clave y todavía no está respondida en la causa, un expediente que lleva tres meses, tiene 15 acusados que fueron citados a indagatoria y chats, audios y cuadernos con menciones -aún no desentrañadas- a altos personajes de la política.
Hoy declaró como acusado Diego Spagnuolo, que fue amigo y abogado personal de Milei y dirigió la Andis hasta que se conocieron audios adjudicados a él en los que se vinculaba a Lule Menem y Karina Milei con un presunto “choreo” montado dentro del organismo.
Al margen de sus negociados en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Miguel Angel Calvete había montado un enorme centro cultural en el barrio de San Telmo para limpiar su imagen. Para eso, el empresario adquirió una enorme casona, en Defensa al 1400, donde iba a funcionar una sala de arte y hasta un salón para conferencias. En ese mismo lugar se reunió y grabó a Diego Spagnuolo, el extitular de la Andis. El proyecto ya tenía nombre y hasta un logo bien diseñado: “Fundación La Defensa”. “Vamos a inaugurar después de las elecciones”, prometía antes de la campaña legislativa. El escándalo de la Andis trastocó todos los planes: Calvete cambió su teléfono, tomó distancia de todos sus contactos, y terminó preso.
El misterioso “centro cultural” de Calvete se montó sobre una casona que pertenecía al coleccionista Jorge Helft. “A todos nos decía que se había quedado con esa propiedad como parte de pago por un pleito de una empresa constructora de su familia”, contó a LA NACION una de las personas que conoce la trama. Esa empresa estaría vinculada a la venta de hormigón.
El abogado de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, habló con LN+, donde afirmó que la voz de su defendido “fue manipulada con inteligencia artificial”.
Consultado acerca de cómo comprueba que los audios fueron utilizados para operar, el letrado explicó: “Se utiliza un software, que no existe en la Argentina, es de Alemania. El software compara el registro de voz del hablante con el registro de voz existente. La utilización de audio ambiente genera la posibilidad de que no se pueda distinguir si es inteligencia artificial o voz natural, por eso se utiliza el sonido ambiente para engañar al software”.
“Cuando me preguntaron si alguien gestionaba pagos, él no gestionaba pagos -aclaró-. Esto está en la investigación del fiscal [Franco] Picardi y, seguramente, va a estar en todos los registros de la Andis si él ingresaba al sistema de pagos o licitaciones. Oralmente, él dice que no ni apareció nadie que diga que el daba estar órdenes oralmente”
Consultado acerca de la relación de Spagnuolo con Calvete, D’Alessandro sostuvo: “Hay que remitirse a la constancia de la causa. Lo conoce en una cena, en un acto de campaña y desarrollan una amistad”.
Los funcionarios del Gobierno tienen como premisa básica separar del escándalo a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mencionada en los audios de Spagnuolo como presunta receptora del “3 por ciento” de la recaudación ilegal de coimas a empresarios del rubro salud.
Spagnuolo fue echado “de manera preventiva” del Gobierno en agosto, cuando se conocieron los audios.
Picardi pidió su arresto, pero Casanello dijo que tanto Spagnuolo como Garbellini, están “a derecho”, presentaron abogados defensores, se les prohibió salir del país y sus patrimonios fueron congelados. El juez recordó que la regla, durante el proceso, es la libertad.
Sin embargo, como medidas adicionales, les ordenó que se presentaran el juzgado, hicieran entrega de sus documentos de viaje y asumieran el compromiso de volver a los tribunales cada quince días.
Atchabahian es una pieza clave para la causa. Según la fiscalía, era, en los hechos, el jefe de Daniel Garbellini, el funcionario que supuestamente manejaba desde adentro la Agencia de Discapacidad para direccionar las compras. Garbellini era, además, el hombre al que aludirían los audios adjudicados a Diego Spagnuolo, que en los papeles era el jefe de Garbellini en la Andis.
“Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frizé. Me quiso meter el de Recursos Humanos, lo frizé. Pero me metió el más importante de todos. Para chorear”, dice quien presuntamente es Spagnuolo en uno de los audios que fueron la génesis de esta causa. Lule es, todo indica, Eduardo Menem, de absoluta confianza de Karina Milei; el que le “metieron”, Garbellini.
Atchabahian -que le daba órdenes a Garbellini, según la investigación de Picardi- está vinculado a diversas droguerías. Aparece como líder del “Grupo Museo”, un grupo de WhatsApp cuyos integrantes parecían estar desde 2022 a pesca de negocios en el Estado.
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