Un reportaje del programa Odisea Argentina destapó un escándalo político que sacude a La Libertad Avanza (LLA) en Corrientes. Según la investigación, bienes incautados por la Aduana y destinados por ley a emergencias sociales habrían sido distribuidos sin transparencia ni controles entre dirigentes libertarios de la provincia, entre ellos el diputado nacional y precandidato a gobernador Lisandro Almirón y su esposa, Laura Peralta Marcoré.
La Ley de Rezago Aduanero, vigente desde 2008, faculta al Estado a donar bienes decomisados a instituciones públicas o sin fines de lucro “cuando las condiciones sociales lo ameriten”. Sin embargo, bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei, hermana del presidente, estos recursos habrían sido canalizados hacia una red de fundaciones vinculadas directamente con dirigentes de LLA, evadiendo licitaciones y procesos públicos.
El caso más emblemático es el de la Fundación Gea-Madre Tierra, Mitología Griega, creada en agosto de 2023 y presidida por José María Oderda, padre político de Marcoré y vicepresidente de LLA en Corrientes. Esta organización recibió una millonaria donación en especie, que incluyó 14 aires acondicionados, más de 21 mil artículos electrónicos, repuestos aeronáuticos y cientos de productos de primera necesidad. La fundación carece de presencia pública, actividades comprobables o trayectoria ambiental, mientras integra en su dirección a familiares directos de Almirón y Marcoré.
Uno de los hechos más cuestionados fue la “donación” de repuestos de avión al Aeroclub Cañada Quirós, una entidad privada sin función social comunitaria, que recibió bienes estatales destinados a emergencias.
Además, Laura Marcoré, figura clave en la estructura de LLA en la provincia, fue nombrada en julio de 2024 Directora Regional NEA de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sin concurso público, gestionando una vasta área que abarca cinco provincias. Registros oficiales revelan también que ella y su madre, Marta Marcoré, facturaron en 2023 más de 200 mil pesos mensuales en alquileres de maquinaria y servicios al municipio de Virasoro, dirigido por un aliado político del diputado Almirón.
El escándalo desnuda un modus operandi que contrasta con el discurso libertario de combate a la “casta” y la corrupción política. Con cargos asignados a dedo, fundaciones de fachada y manejo discrecional de recursos públicos, los referentes de LLA en Corrientes parecen reproducir las prácticas que prometieron erradicar.
La indignación crece en el ámbito provincial y nacional, mientras miles de correntinos esperan que se esclarezcan estos hechos y que la ley destinada a asistir en emergencias sociales cumpla realmente ese fin, lejos de convertirse en una caja negra de favores y privilegios.
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