El Gobierno denunció “un esquema de corrupción y desvío de fondos a través de la facturación de prestaciones médicas truchas” en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que podría ascender a un total de 3.400 millones de dólares. Las nuevas autoridades del área, que pasó de depender de la Jefatura de Gabinete al Ministerio de Salud, estiman que el desvío de fondos fue de un 40% sobre el monto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad.
Las irregularidades derivaron en una denuncia penal, que será ampliada, realizada por el director ejecutivo del organismo, Diego Spagnuolo, y es investigada por el fiscal federal Guillermo Marijuan. Según el primer corte de auditoría realizado por los funcionarios de La Libertad Avanza, solo “el 7% de las pensiones por invalidez laboral cumplen con los requisitos establecidos”. La documentación que alimenta el expediente judicial, al que tuvo acceso Infobae, tiene aristas que rozan lo inverosímil: en un expediente se aportó como prueba de incapacidad laboral una radiografía de un perro.
“Lo que descubrimos es escandaloso”, calificaron desde la ANDIS al ser consultados por este medio. Y no es para menos. “Tenemos la radiografía del mismo hombro roto en 157 expedientes. Tenemos radiografías bajadas directamente de Google. También tenemos constancias de análisis de laboratorios repetidos y hasta un certificado médico que, en vez de describir la dolencia de la persona, reprodujo un poema de Arias Uriburu titulado ‘La Herida’. Ese es el diagnóstico médico que justificaba la documentación médica que justificaba el pedido de la pensión por invalidez”, describe el funcionario de La Libertad Avanza. “No había controles médicos en la ANDIS. Se aprobaban los expedientes sin una auditoría médica”, recalca.
“Estamos seguros de que entre el 30 y el 50 por ciento de las pensiones otorgadas durante los gobiernos kirchneristas van a ser dadas de baja después de una exhaustiva auditoría que abarca a todo el país”, afirman las autoridades de la ANDIS. Y enfatizan: “Se encontró un sistema de pensiones por invalidez laboral poco transparente, complejo de auditar y muy susceptible al fraude. Durante las gestiones anteriores, las pensiones fueron utilizadas como moneda de cambio para favores políticos, otorgándolas a personas que no cumplían con los requisitos de invalidez laboral o discapacidad”.
“Sobre los 2.559 casos auditados médicamente hasta el momento, solo el 7% (185) cumplen con los requisitos establecidos”, destaca la denuncia judicial. Esas pensiones “truchas ya fueron dadas de baja”. “El gobierno de Alberto Fernández armaba operativos para otorgar pensiones. Es escandaloso”, opinan los funcionarios y agregan que hay gente que llama a la Agencia denunciando que es titular de una pensión y nunca la gestionó.
Además de las pensiones mal otorgadas, Spagnuolo encontró otras irregularidades que poco tienen que ver con la asistencia a personas con discapacidad. Como la contratación de artistas como Ignacio Copani, gastos por más de 35 millones de pesos en “agasajos” e instalación de un gazebo y 20 remeras para la marcha LGTV+ del año pasado, por lo cual se abonó $900.000.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, brindó detalles desde la Casa Rosada sobre la pesquisa iniciada en la ANDIS y que ya tiene su correlato en los tribunales de Comodoro Py. Según los datos oficiales, entre 2003 y 2015, es decir, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, la cantidad de Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 80.000 a 1.050.000, “un número sin precedentes incluso en países que han sufrido guerras mundiales”, opinan desde la Casa Rosada. El valor actual de la pensión es de $203.100. Durante el gobierno de Mauricio Macri la cifra se mantuvo constante, pero durante la presidencia de Alberto Fernández, la cifra de beneficiarios volvió a ascender hasta las 1.250.000 pensiones al 10 de diciembre de 2023.
Sobre este tema, el fiscal Marijuan afirmó que: “Tal incremento habría sido consecuencia de un proceso de articulación de decretos y resoluciones por medio de los cuales se habrían flexibilizado los criterios originalmente establecidos para el otorgamiento de tales pensiones, y por la puesta en marcha de un circuito de tramitación de dichos beneficios especialmente destinado a cuestiones políticas de favores con gobernadores e intendentes, en lo que las pensiones eran moneda de cambio aprobados en tiempos reducidos de tres meses que se entregarían a personas que no solo no tenían la condición de invalidez laboral, sino que en muchos casos ni siquiera tenían una condición médica de discapacidad, que habría funcionado en forma paralela al circuito formal en el que la tramitación para el otorgamiento de tal prestación demoraba entre 2 y 3 años”.
Es más, Marijuan recuerda que “la Resolución 8/2020, publicada el 30 de enero de 2020, avaló el inicio del trámite para acceder al beneficio en cuestión aun cuando no se acompañe el Certificado Médico Oficial
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