En un acto oficial realizado ayer, el gobernador de la provincia de Corrientes admitió públicamente la existencia de corrupción en la Dirección de Catastro, un organismo que el año pasado fue el centro de un escándalo judicial por la comercialización ilegal de terrenos fiscales. Durante la inauguración de la nueva sede del organismo, que funcionará desde ahora en el Centro Administrativo del Barrio San Benito, el mandatario explicó la necesidad de la modernización y el control como medidas para evitar que estos hechos se repitan.
En su discurso, el gobernador recordó el estado en que se encontraba el antiguo edificio de Catastro, describiéndolo como un espacio donde “había palomas y montañas de papeles”, un lugar que generaba “un ambiente viciado”. No ocultó el desorden y la ineficiencia que reinaban en la institución, a la que apodaban internamente como “Catástrofe” por su caos jurídico y burocrático. Pero su mayor énfasis fue en la falta de control que, según él, fue el caldo de cultivo para la corrupción que permeó el organismo. “Lo que no tiene control tiene corrupción”, afirmó, una frase que resonó con fuerza ante el público presente.
El escándalo que estalló en 2022 reveló la venta de terrenos fiscales, ubicados en áreas cercanas a la capital provincial, a precios ínfimos para luego ser revendidos a valores mucho más altos en manos privadas. Como consecuencia de la investigación, doce personas fueron detenidas, entre ellas, tanto funcionarios políticos como empleados de carrera. No obstante, actualmente todos han recuperado su libertad, a excepción de una falsa escribana que estuvo prófuga durante dos años y que sigue detenida.
La modernización, el camino hacia la transparencia
El gobernador aseguró que el nuevo edificio y los cambios estructurales no solo mejorarán las condiciones de trabajo, sino que también contribuirán a un manejo más eficiente y controlado de los bienes fiscales. “Decidimos modernizarlo, conseguimos financiamiento e invertimos”, señaló, destacando la importancia de la tecnología y los nuevos sistemas para prevenir futuros actos de corrupción.
Asimismo, confirmó que la Dirección de Personas Jurídicas, otro organismo provincial, también pasará por un proceso de refacción en su sede actual ubicada en la avenida 3 de abril. Esto refuerza la apuesta del gobierno por renovar y transparentar las instituciones que han sido foco de irregularidades.
Repercusiones políticas y judiciales
Las declaraciones del gobernador no solo tienen implicaciones políticas, sino que también reavivan el interés en un caso que aún no ha cerrado completamente sus capítulos judiciales. La ciudadanía, que ha seguido de cerca este escándalo, espera con interés el desenlace del proceso legal que podría sentar precedentes importantes sobre la corrupción en organismos públicos.
Sin duda, el acto de ayer representa un paso hacia la transparencia en un contexto de creciente desconfianza en la administración pública. Pero para muchos, la gran pregunta sigue siendo: ¿habrá más responsables por el manejo fraudulento de tierras fiscales?
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