El proceso de renovación de autoridades de la Unión Cívica Radical (UCR) en Corrientes ha tomado un giro inesperado con la presentación de una denuncia penal que podría tener consecuencias legales y políticas de gran alcance. La denuncia, presentada por Miguel Ángel Rey, apoderado de la lista «Radicales en Acción», acusa a figuras clave del partido de delitos como falsedad ideológica, abuso de autoridad y violaciones al Código Electoral Nacional.
Acusaciones principales
El principal señalado es Julián Galdeano, interventor de la UCR en Corrientes, quien habría incurrido en irregularidades como:
- Falsedad ideológica en documentos públicos: Se acusa a Galdeano de firmar actas y resoluciones sin estar presente físicamente, incluyendo documentos esenciales como la convocatoria a elecciones internas y la validación de listas partidarias.
- Abuso de autoridad: Las decisiones administrativas habrían sido tomadas de manera unilateral, ignorando las normativas internas y afectando la transparencia del proceso electoral.
- Presunta asociación ilícita: Además de Galdeano, la denuncia involucra a Marcos Ibáñez (secretario del interventor) y Lucas Payes (responsable del manejo de avales y padrones), quienes habrían colaborado en estas maniobras irregulares.
Hechos clave y pruebas
La denuncia documenta una serie de eventos que refuerzan las acusaciones:
- 8 de noviembre de 2024: Galdeano asume como interventor, pero se retira de Corrientes, generando dudas sobre su participación activa en las actividades del comité.
- 12 de diciembre de 2024: En un solo día, habría firmado 15 actas pese a no estar presente físicamente.
- 14 de diciembre de 2024: Participa en una reunión por Zoom, pero firma el acta físicamente, acción que los denunciantes califican como evidencia de irregularidad.
Entre las pruebas solicitadas a la Fiscalía se encuentran:
- Peritajes caligráficos para verificar la autenticidad de las firmas.
- Testimonios de empleados partidarios.
- Registros de ubicación de Galdeano en las fechas cuestionadas.
Impacto político y legal
El escándalo amenaza con deslegitimar el proceso electoral interno de la UCR en Corrientes, un partido que enfrenta divisiones internas significativas. Además, las acusaciones podrían derivar en consecuencias legales graves, ya que la falsificación de documentos públicos está penada con prisión según el Código Penal Argentino.
Mientras la Fiscalía evalúa si avanzar con una investigación formal, esta situación agrava la crisis interna del radicalismo correntino, poniendo en riesgo su unidad y legitimidad en un momento crucial para su futuro político.
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