Un caso que mezcla lazos familiares, maniobras inmobiliarias y poder político sacude a la provincia de Corrientes y amenaza con proyectarse a nivel nacional. Eduardo Gómez, primo hermano del diputado nacional Lisandro Almirón (La Libertad Avanza), rompió el silencio y acusó públicamente al legislador y a varios miembros de su entorno por la presunta falsificación de documentos públicos para apoderarse del único bien inmueble de su abuela fallecida, Priscila Brizuela.
La denuncia no solo pone en jaque la imagen pública del diputado libertario, autodeclarado enemigo de “la casta”, sino que también abre un frente judicial de proporciones. Las causas —una penal y otra civil— ya se encuentran en pleno proceso, y las pruebas aportadas podrían comprometer seriamente a los imputados.
Una firma en disputa y un documento dudoso
Según reveló Gómez en declaraciones a Radionord, la presunta estafa se remonta a marzo de 2013. Brizuela falleció el día 16 de ese mes, pero un día antes se habría firmado una supuesta escritura de venta de su vivienda —ubicada en el barrio Bañado Norte— a nombre de tres de sus nietos: Lisandro Almirón, su hermano Carlos Hernán y su hermana Cinthia Elizabeth.
La operación se sustentó en un “poder especial irrevocable” otorgado, en teoría, por Brizuela a Marta Susana Marcoré —abogada de confianza y suegra del diputado— el 28 de febrero de 2013. Sin embargo, al momento de la firma, Brizuela estaba internada en terapia intensiva en la Clínica Sagrado Corazón, lo que hace prácticamente imposible que haya estado en condiciones físicas o mentales para otorgar semejante acto jurídico.
Un peritaje caligráfico confirmó que la firma en dicho poder no coincide con la de la cédula de identidad de Brizuela ni con otras muestras documentales. “Es una imitación burda”, sostiene la acusación.
Dos frentes judiciales abiertos
La causa penal, radicada en la UFIC Nº 5, avanza bajo los cargos de falsificación de instrumento público y estafa, previstos en los artículos 292 y 172 del Código Penal. Están imputados:
- Lisandro Almirón (DNI 23.397.751)
- Carlos Hernán Almirón (DNI 28.202.445)
- Cinthia Elizabeth Almirón (DNI 27.095.033)
- Marta Susana Marcoré (MP 2710 – DNI 12.657.704)
- María Alicia Gamba Landi, escribana interviniente (DNI 13.905.679)
En paralelo, en el Juzgado Civil y Comercial Nº 12, Secretaría Nº 25, tramita el expediente 219675/21, donde Gómez y otros herederos reclaman la nulidad del acto jurídico y la restitución del bien.
Una prueba clave pone en jaque el relato de los imputados: la defensa presentó un certificado psiquiátrico firmado por un médico del Hospital San Francisco de Asís con fecha del 28 de febrero, día de la supuesta firma del poder. Sin embargo, el hospital respondió oficialmente que la paciente nunca fue atendida ni ingresó a ese centro, y que el profesional firmante no trabajaba allí en esa fecha.
La escribana con antecedentes
La escribana que avaló la operación, María Alicia Gamba Landi, ya había sido suspendida durante un año por su rol en la megacausa de estafas inmobiliarias conocida como “la causa Boston”. Su participación vuelve a poner en tela de juicio la legalidad de la operación.
¿Anticasta o doble moral?
La dimensión política del escándalo toma un cariz aún más incómodo para Almirón, quien asumió en 2023 como diputado nacional de La Libertad Avanza y ha hecho bandera de su lucha contra la corrupción y los privilegios de la “casta”.
Sin embargo, su trayectoria política desmiente esa narrativa: pasó por el Partido Nuevo, Provincias Unidas, el Partido Liberal, el peronismo con Daniel Scioli y Camau Espínola, y fue concejal del kirchnerismo en 2021 de la mano de Gustavo Canteros.
Además, su esposa Laura Romina Peralta Marcoré (hija de la abogada involucrada en la causa) fue designada como Directora Regional NEA del Ministerio de Capital Humano, y su hermana Cinthia Almirón ocupa un cargo como Coordinadora de Políticas Sociales en PAMI-Corrientes.
Una disputa que pone a prueba la Justicia
Eduardo Gómez sostiene que conserva la escritura original de la vivienda de su abuela, y que la firma verdadera es completamente distinta a la que figura en la escritura de venta. Su objetivo es que la Justicia declare la nulidad del acto y se respete la sucesión legítima.
Mientras tanto, el silencio del diputado Almirón frente a estas acusaciones resulta atronador, y genera malestar incluso dentro de su espacio político, donde varios referentes comienzan a pedir explicaciones.
La justicia tiene ahora en sus manos un caso que trasciende lo familiar y lo jurídico, y que podría poner a prueba la coherencia ética de una nueva clase política que llegó al poder con la promesa de cambiarlo todo.
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