Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), fue detenido el domingo pasado en la localidad de El Bolsón y trasladado este miércoles al penal federal de Rawson, donde cumplirá una prisión preventiva de 90 días mientras se sustancia una investigación judicial por presuntos delitos de asociación ilícita, apología del crimen e incitación a la violencia.
La decisión fue tomada por el juez federal Ezequiel Andreani luego de una audiencia en la que la fiscal Ángela Pagano Mata sostuvo que el referente mapuche “ha trascendido cualquier tipo de reclamo para comenzar un camino de violencia”. La causa se abrió a partir de una denuncia del Ministerio de Seguridad nacional, que lo acusa de fomentar ataques a la infraestructura estatal y privada a través de su libro Entre rejas, antipoesía incendiaria, escrito durante su condena en Chile.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, celebró la detención como “un paso más en la lucha contra la impunidad”. “Jones Huala otra vez detenido por las fuerzas del orden. La RAM es una organización violenta y terrorista. Con nosotros no hay impunidad”, publicó en sus redes sociales.
El activista ya había sido arrestado en enero en El Bolsón por intentar forzar autos estacionados, según denunció la gobernación de Río Negro. En Chile, fue condenado por el incendio intencional de una vivienda rural, y al regresar a la Argentina quedó en la mira del Ministerio de Seguridad por sus acciones y declaraciones públicas.
Desde la defensa, los abogados Eduardo Soares y Gustavo Franquet denunciaron que la detención fue ilegal, sin orden judicial y con intervención directa del Ministerio de Seguridad. “Fue una orden política, luego se acomodaron los papeles”, afirmaron en un comunicado, y advirtieron sobre “un proceso arbitrario con lógicas decisiones arbitrarias y las peores presunciones”.
El juez dio un plazo de 180 días para que la Fiscalía concluya la investigación. Durante este tiempo, Jones Huala quedará alojado en la Unidad Penal de Rawson, mientras su defensa accede por primera vez a los elementos probatorios de la causa.
El caso reabre el debate sobre los límites entre el reclamo indígena legítimo y el accionar violento con connotaciones políticas. Mientras el gobierno nacional busca reforzar la autoridad del Estado en la Patagonia, sectores sociales y organismos de derechos humanos exigen garantías procesales y respeto a la identidad de los pueblos originarios.
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