La muerte de un paciente de 57 años en el Hospital Municipal de Balcarce encendió nuevamente las alarmas sobre el uso de fentanilo contaminado en centros de salud públicos y privados del país. El hombre falleció el 20 de mayo tras recibir una dosis de Fentanilo HLB, parte de un lote que ya había sido señalado por contener bacterias peligrosas como Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae. Con este caso, ya son 35 las víctimas fatales relacionadas con el consumo de este medicamento adulterado.
El hospital realizó la correspondiente denuncia ante la Fiscalía N°11 de Mar del Plata, especializada en delitos culposos. Sin embargo, la causa fue derivada al Juzgado Federal N°3 de La Plata, donde se centraliza la investigación de los fallecimientos. Allí se articulan las causas contra los laboratorios HLB Pharma y Laboratorio Ramallo, acusados de graves irregularidades en la elaboración y distribución del fármaco.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) ya había ordenado el retiro del lote contaminado y la suspensión de comercialización de productos provenientes de estas firmas. No obstante, en el hospital de Balcarce confirmaron que varias dosis del mismo lote ya habían sido aplicadas antes de la alerta oficial. Afortunadamente, no se han registrado más síntomas graves en los demás pacientes.
El caso también destapó un historial oscuro detrás de Ariel García Furfaro, actual dueño de HLB Pharma. Empresario con antecedentes judiciales, estafas y hasta una explosión en un laboratorio previamente adquirido, Furfaro asumió el control de la firma en 2017. Desde entonces, según denuncias, la producción farmacéutica se habría realizado sin los controles adecuados. En 2021 fue procesado por estafa tras adquirir el laboratorio mediante cheques que luego denunció como robados. La causa, actualmente, espera resolución en la Cámara de Casación.
En simultáneo, Laboratorio Ramallo, vinculado directamente a Furfaro y su socio Jorge Salinas, elaboraba medicamentos sin habilitación. Durante un reciente allanamiento, la Policía Federal constató graves irregularidades: producción clandestina, etiquetas falsas y la reutilización de registros de una firma clausurada en 2015, Surar Pharma. También fueron allanadas droguerías implicadas en la distribución de los lotes contaminados, como Alfarma, Glamamed y Federal Pharma, con sedes en Santa Fe, CABA y Rosario.
Además de su actividad en el rubro farmacéutico, Furfaro también fue parte de iniciativas fallidas como una frustrada compra de vacunas Sputnik en pandemia, y un comercio barrial con tinte político llamado “ColinA”. Entre 2002 y 2005, incluso, estuvo detenido por lesiones graves.
Los investigadores ahora centran su mirada no solo en las muertes, sino en una trama más amplia de corrupción, negligencia y falsificación de medicamentos que pone en jaque la seguridad de los pacientes en Argentina. Con más de 30 fallecidos y cientos de ampollas en circulación, el caso podría derivar en un escándalo sanitario sin precedentes, cuyas responsabilidades alcanzan a laboratorios, droguerías, empresarios y organismos de control.
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