Una bomba explotó en el corazón del sector ganadero. El ministro Federico Sturzenegger, encargado del proceso de desregulación del Estado, reveló un entramado de negocios millonarios detrás de la vacuna contra la fiebre aftosa. El foco está puesto en el laboratorio Biogénesis Bagó, señalado por productores y ahora también por el Gobierno nacional por su posición dominante en el mercado y los precios excesivos que impone en la compra obligatoria del inmunizante.
Sturzenegger fue categórico al explicar que la decisión de actuar vino por instrucción directa del presidente Javier Milei, luego de que el vocero presidencial recibiera una denuncia publicada en medios especializados. Según el ministro, en Paraguay una dosis cuesta cinco veces menos que en Argentina, un dato que expone de forma descarnada la magnitud del negocio y el perjuicio al productor local.
La responsabilidad inmediata recae ahora en la Fucosa (Fundación contra la Fiebre Aftosa), a la que se le encomendó negociar en tiempo y forma la importación para la campaña de octubre, con el objetivo de reducir el costo operativo al menos a la mitad. El escándalo abre también una discusión más amplia sobre quiénes deben ser vacunados, y sobre el uso del chip electrónico, otra fuente de ingresos cuestionada por su falta de transparencia.
Desde hace años, los productores denuncian que están atrapados en una estructura con reglas poco claras, sin competencia real y bajo presión para sostener la sanidad de los rodeos pagando precios que no tienen justificación técnica ni económica. Aunque las acusaciones de cartelización aún no fueron judicializadas, la percepción es unánime: Biogénesis Bagó opera sin contrapesos.
La empresa aún no dio respuestas públicas, aunque fuentes internas argumentan que los valores responden a “costos de producción, investigación y estándares de calidad”. Pero las palabras de Sturzenegger ponen en duda esta defensa, al contrastarla con los valores regionales y al denunciar la existencia de un sistema viciado de origen, sostenido por complicidades y falta de voluntad política… hasta ahora.
El modelo de “libre mercado” que defiende el oficialismo parece tener en este caso una excepción necesaria: liberar al productor del yugo de una estructura monopólica disfrazada de exigencia sanitaria. El caso promete escalar y marcar un precedente.
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