En una medida que marca un antes y un después en la política penitenciaria argentina, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó la Resolución 429/2025, que establece un nuevo régimen laboral para las personas privadas de la libertad en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal (SPF). A partir de ahora, solo un tope del 5% de los internos podrá cobrar por tareas de mantenimiento, por un máximo de ocho horas diarias. El resto deberá cumplir con esas obligaciones como parte del régimen de convivencia, sin percibir una retribución económica.
La medida se enmarca en el programa Manos a la Obra, lanzado en octubre de 2024, y busca recuperar el sentido original del trabajo penitenciario: ser una herramienta real de reinserción social. “No vamos a aceptar que se cobre por no hacer nada”, sostuvo Bullrich. “Se terminó la injusticia de premiar a quien incumplió la ley con el dinero de los que trabajan todos los días”.
Fin del “plan social encubierto”
Durante 2024, un diagnóstico interno del Ministerio de Seguridad detectó un esquema que calificó como de “subsidios encubiertos”. Se reveló que el 61,28% de los internos percibían peculios sin realizar tareas productivas. Solo el 38,72% lo hacía con fines laborales vinculados a su proceso de reinserción. El resto cobraba por concepto de “fajina”, sin control ni contraprestación efectiva.
Con la nueva resolución, se termina con el uso indiscriminado del sistema de peculios, se elimina la figura del “fajinero” —puestos asignados sin control, muchas veces con aval judicial— y se da de baja a 750 cargos que no respondían a una lógica laboral transparente.
Trabajo real, esfuerzo real
El objetivo de la reforma es claro: establecer un sistema justo y meritocrático en el cual solo se cobre por el trabajo efectivamente realizado. Para ello, el SPF está desarrollando talleres productivos, donde los internos cobrarán por las horas realmente trabajadas, bajo un sistema de control biométrico que ya produjo una baja interanual del 21% en horas liquidadas.
La resolución no solo introduce una nueva dinámica dentro de los penales, sino que también busca ordenar las cuentas públicas y cortar con una lógica de incentivos perversos que, según el Gobierno, fomentaban la ociosidad y el clientelismo incluso dentro del sistema carcelario.
Con esta decisión, el Ejecutivo refuerza su línea de reformas estructurales, extendiéndolas también a un área históricamente opaca y poco supervisada como lo es el régimen penitenciario.
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