Ginés González García, exministro de Salud durante el primer mandato de Alberto Fernández, ha sido procesado por su participación en el escándalo conocido como “Vacunatorio VIP”. La jueza María Eugenia Capuchetti ha ordenado el embargo de sus bienes por la suma de 130 millones de pesos, acusándolo de peculado de bienes y abuso de autoridad.
El caso se centra en la vacunación indebida de personas que no cumplían con los criterios establecidos para recibir la vacuna contra el Covid-19, como el ex presidente Eduardo Duhalde y su familia, el periodista Horacio Verbitsky, y los entonces legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés. Según la resolución judicial, estos individuos fueron vacunados en infracción a los lineamientos técnicos de la Resolución MSAL Nº 2883/2020.
Además de González García, fueron procesados Alejandro Salvador Costa, subsecretario de estrategias sanitarias; Marcelo Ariel Guille, secretario privado de González García; Alberto Alejandro Maceira, director nacional ejecutivo del Hospital Posadas; y María Elena Borda, jefa de medicina preventiva del mismo hospital. La jueza también dictó la falta de mérito para otras médicas implicadas en el caso.
La causa surgió tras las declaraciones del periodista Horacio Verbitsky, quien reveló en un programa de radio cómo había sido vacunado gracias a una llamada de González García. Este hecho desencadenó una serie de investigaciones que revelaron un esquema de vacunación paralela dentro del Ministerio de Salud, donde se administraron dosis destinadas exclusivamente al personal de salud y estratégico.
El procesamiento de González García y los demás implicados marca un hito en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder en el manejo de la pandemia. La jueza Capuchetti subrayó que las vacunas, como bienes escasos y vitales en ese momento, merecían una protección especial y que su desviación para beneficiar a ciertos individuos fue un acto grave de malversación.
Las reacciones ante este fallo han sido variadas. Mientras algunos defienden la necesidad de procesar a los responsables, otros critican lo que consideran una politización del caso. Sin embargo, la resolución de la jueza deja claro que la vacunación indebida y la vulneración de derechos en medio de una crisis sanitaria no pueden quedar impunes.
El proceso judicial continuará con la investigación de las responsabilidades de todos los implicados y el esclarecimiento completo de los hechos, mientras la sociedad sigue atenta a las novedades en este escándalo que ha marcado un antes y un después en la gestión de la salud pública en Argentina.
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