En una reciente medida de control sobre facturaciones de servicios públicos, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía imputó a 95 empresas en distintas provincias por incluir tasas indebidas en sus facturas de electricidad, agua y gas, en violación de la resolución 267/2024. Dicha norma, en vigor desde el 11 de octubre, prohíbe a los proveedores de servicios públicos agregar conceptos no relacionados con el servicio específico en las facturas.
La imputación se distribuyó en 244 expedientes, uno por cada localidad donde las compañías infringieron la normativa. Entre las jurisdicciones afectadas se encuentran la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Misiones, San Juan, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, y otras provincias como Chaco, Salta y Mendoza.
Procedimiento y multas
Las empresas tendrán cinco días hábiles para presentar sus descargos y, de no hacerlo, enfrentarán sanciones que podrían alcanzar hasta los $2130 millones. Desde la Secretaría se enfatizó que las inspecciones y posibles sanciones continuarán durante los vencimientos de noviembre y diciembre, en línea con las denuncias que los consumidores han hecho llegar al correo habilitado para estos casos.
En la resolución oficial se expresa que “se volvió una práctica generalizada” que los proveedores de servicios facturen cargos adicionales y que esta situación “afecta el derecho del cliente a recibir información clara al momento de pagar servicios esenciales.” La norma busca garantizar que solo se facture lo relacionado directamente con el servicio contratado, eliminando cualquier cargo ajeno a la naturaleza del servicio.
Reacciones y conflicto con gobiernos locales
La aplicación de la resolución ha generado conflictos con intendentes del conurbano bonaerense, quienes han solicitado medidas cautelares para suspender la normativa. Así, municipios como Morón, Pilar, Moreno, Quilmes y Escobar obtuvieron fallos judiciales favorables que suspenden temporalmente la aplicación de la resolución en sus territorios.
El Ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que la resolución es una respuesta directa a las quejas de usuarios que detectaron tasas locales indebidas en sus facturas de servicios esenciales. “Las facturas de servicios esenciales deben reflejar únicamente el precio del servicio contratado por el consumidor,” subrayó Caputo al anunciar la medida.
Este enfrentamiento legal añade un nuevo capítulo en el debate sobre la autonomía de los municipios frente a la autoridad nacional en la regulación de facturas de servicios públicos, una cuestión que sigue generando posiciones enfrentadas entre los niveles de gobierno.
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