La Oficina del Gobernador de Texas anunció la entrada en vigor de un paquete legislativo que modifica de manera estructural la operación de los campamentos juveniles en todo el estado. Greg Abbott ratificó el Proyecto de Ley de la Cámara 1, conocido como “Ley Youth CAMPER”; el Proyecto de Ley del Senado 1, denominado “Ley de Seguridad en Campamentos Heaven’s 27″; y el Proyecto de Ley del Senado 3, que crean un programa de subvenciones para instalar sistemas de alerta temprana en zonas vulnerables a inundaciones.
La firma se realizó en la Mansión del Gobernador en Austin, en un evento al que asistieron padres que perdieron a sus hijos durante las inundaciones del río Guadalupe en julio de 2025, autoridades legislativas, funcionarios estatales y representantes de organizaciones comunitarias.
“Ningún padre ni ningún niño debería tener que pasar por ese tipo de experiencia otra vez”, comunicó el gobernador en X al dar a conocer las nuevas medidas. Abbott destacó que el objetivo principal es garantizar que estos complejos recreativos implementen protocolos de prevención y respuesta que garanticen la seguridad de campistas, personal y familias.
“Implementaremos mejoras de seguridad duraderas en los campamentos de todo Texas. Estamos trabajando para proporcionar fondos y apoyo a todos los que han tenido que soportar estas trágicas inundaciones. Y no nos detendremos hasta que todos estén cubiertos”, aseveró.
El primer componente legislativo es la Ley Youth CAMPER, que establece la obligación de todos los operadores de campamentos juveniles de contar con un plan de emergencia escrito y actualizado cada año. Dicho plan debe contemplar situaciones como:
La normativa ordena que cada campamento designe un supervisor de preparación para emergencias y presente su plan anualmente al Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS, por sus siglas en inglés). En caso de que el plan no cumpla los estándares mínimos, el operador dispondrá de 90 días para corregirlo y volver a presentarlo.
Estos complejos recreativos deberán entregar una copia del plan a los servicios de emergencia locales y proporcionar orientación específica tanto a los campistas como a sus padres o tutores legales antes del inicio de cada sesión.
La Ley Youth CAMPER también establece que todos los miembros del personal y voluntarios de un campamento deben recibir capacitación integral antes del inicio de cada temporada. La instrucción incluye procedimientos de evacuación, comunicación con autoridades locales y protocolos médicos de urgencia.
Los registros de estas capacitaciones deben conservarse en la oficina administrativa de las instalaciones y estarán sujetos a inspecciones del DSHS.
En caso de incumplimiento, el procurador general del estado está facultado para imponer sanciones civiles de hasta 1000 dólares por violación, con multas acumulables por cada día en que persista la irregularidad. Los recursos recaudados se destinarán al financiamiento de las labores de supervisión y control.
El segundo instrumento aprobado es la Ley de Seguridad en Campamentos Heaven’s 27, que prohíbe al DSHS otorgar licencias a campamentos que cuenten con cabañas en zonas de inundación designadas por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).
El texto legislativo también requiere que estos centros juveniles mantengan radios operativos capaces de recibir alertas meteorológicas, sistemas de megafonía de emergencia independientes de la conectividad a internet y procedimientos de evacuación claramente señalizados.
Asimismo, los operadores deberán entregar copias actualizadas de sus planes de emergencia a las autoridades municipales o del condado en un plazo de diez días hábiles tras su aprobación, además de notificar a los padres si parte de las instalaciones se ubican en zonas de riesgo.
La Ley Heaven’s 27 obliga a que todos los campistas reciban, dentro de las primeras 48 horas de su llegada, una orientación de seguridad que incluya los límites del campamento, los posibles riesgos y los pasos a seguir en caso de emergencia.
El personal también deberá ser capacitado anualmente, con registros escritos que documenten la instrucción recibida. Las rutas de evacuación deberán estar visibles en todas las cabañas y contar con iluminación nocturna.
En campamentos ubicados en áreas de riesgo de inundación, será obligatorio instalar escaleras de emergencia que permitan acceder al techo de las estructuras como medida temporal de protección en caso de crecidas repentinas.
El tercer pilar de la reforma es el Proyecto de Ley del Senado 3, que establece un programa de subvenciones administrado por la Oficina del Gobernador. Estos fondos estarán dirigidos a ciudades, condados y otras entidades gubernamentales para la instalación de sirenas y sistemas de alerta temprana en comunidades propensas a inundaciones repentinas.
La iniciativa busca mejorar la coordinación entre autoridades locales y estatales, y proporcionar a la población herramientas que permitan reaccionar de manera más rápida ante situaciones de riesgo.
Este esquema de financiamiento complementa las medidas dirigidas a los campamentos y amplía la cobertura de prevención a zonas residenciales y recreativas de Texas.
“Como padres de niños en campamentos, Cecilia y yo sabemos el importante papel que estos pueden desempeñar en la vida de nuestros hijos”, dijo el gobernador Abbott en el comunicado oficial. “Todo niño que va a un campamento debería volver a casa con su familia, y ningún padre debería tener que enfrentar la pérdida de un hijo. Hoy estamos haciendo más que simplemente cambiar estos centros en Texas; estamos cambiando el futuro de nuestros niños”, agregó.
Las reformas fueron impulsadas tras las inundaciones del río Guadalupe ocurridas el 4 de julio de 2025, que dejaron al menos 108 fallecidos, entre ellos 37 menores. El evento más crítico ocurrió en Camp Mystic, un campamento cristiano para niñas, donde 27 personas perdieron la vida cuando las aguas arrasaron las instalaciones. La magnitud de la tragedia generó presión pública y la demanda de acciones legislativas inmediatas.
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