La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, encabezada por Hugo Moyano, ha presentado una denuncia judicial para frenar la restitución del Impuesto a las Ganancias, argumentando que es “inconstitucional e inaplicable”. La medida, consideran, vulnera el derecho a una remuneración justa y contraviene los convenios colectivos de trabajo. Con esta acción, el sindicato camionero se une a la Asociación Bancaria y otros gremios que ya han tomado acciones legales para enfrentar lo que denominan el «impuesto al salario».
La restitución del Impuesto a las Ganancias, que había sido eliminado durante la gestión de Alberto Fernández y fue reinstaurado por el actual gobierno de Javier Milei mediante la Ley 27.743, ha generado un profundo malestar en diversos sectores sindicales. La nueva normativa establece que, a partir de julio, estarán obligados a pagar el impuesto aquellos trabajadores que perciban un salario bruto de 1,8 millones de pesos si son solteros, y de 2,2 millones de pesos si son casados y con hijos. Esto afectará a unos 800.000 trabajadores en total. Antes de esta modificación, el mínimo no imponible estaba fijado en 15 salarios mínimos, lo que equivalía a 2.340.000 pesos hasta junio y a 3.500.000 pesos desde julio.
A pesar del rechazo generalizado, la CGT decidió no realizar una presentación judicial como confederación, para evitar un posible fallo desfavorable. En cambio, dejó en manos de cada sindicato la decisión de impugnar la medida ante la Justicia. Esta estrategia ha sido adoptada por varios gremios, incluyendo a los petroleros, judiciales, y trabajadores del sector sanitario, entre otros. Todos ellos han acordado avanzar primero con presentaciones colectivas y luego con demandas individuales por parte de los trabajadores afectados.
El descontento entre los sindicatos se ha intensificado debido a que el decreto reglamentario que acompaña la ley exceptúa del pago de Ganancias a los trabajadores del sector petrolero y a los empleados de Tierra del Fuego, quienes están amparados por la Ley 19.640 de Régimen de Promoción Económica y Fiscal. Esto ha sido percibido como un acto discriminatorio e ilegal, ya que un decreto no debería otorgar más beneficios que una ley.
En un reciente plenario con sindicatos afines al kirchnerismo, Pablo Moyano, uno de los cotitulares de la CGT, calificó el Impuesto a las Ganancias como “regresivo”, señalando que representa una pérdida del 30% en los salarios. Moyano criticó la contradicción del gobierno, que ahora penaliza a los trabajadores esenciales durante la pandemia. Además, anunció que la presentación judicial ya está en marcha y que en los próximos 15 días se llevará a cabo una movilización masiva hacia los Tribunales, con el objetivo de que los jueces entiendan que «el salario no es ganancia».
Por su parte, Sergio Palazzo, líder del gremio bancario, fue uno de los primeros en accionar judicialmente contra el impuesto, argumentando que afecta al 95% de los trabajadores del sector bancario. Palazzo calificó el gravamen como “confiscatorio” y una “rebaja salarial encubierta”, y planteó que, en casos particulares como el de trabajadores divorciados que deben pagar cuotas alimentarias, el impacto del impuesto puede llevar a una situación económica insostenible.
Con el malestar sindical en aumento y las acciones legales en marcha, el gobierno enfrenta una creciente presión para revisar la medida, especialmente en un contexto donde el mínimo no imponible se actualizará en septiembre en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Mientras tanto, los sindicatos continúan movilizándose para defender el poder adquisitivo de sus afiliados y desafiar una medida que consideran injusta y perjudicial para los trabajadores.
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