La jueza federal Cristina Pozzer Penzo está al frente de una investigación que revela graves irregularidades en las acciones llevadas a cabo durante la búsqueda de Loan Peña, el niño desaparecido desde hace más de 100 días en la localidad correntina de 9 de Julio. En el centro de la investigación se encuentran supuestas transferencias millonarias realizadas por la Municipalidad de 9 de Julio a los integrantes de la Fundación Dupuy, quienes habrían participado en las tareas de búsqueda del menor sin contar con la debida autorización legal.
Según fuentes judiciales, diversos miembros de la fundación, actualmente detenidos, habrían recibido más de 1,8 millones de pesos por servicios presuntamente irregulares. Uno de los principales involucrados es Federico Colombo, quien se presentó como psicólogo, pero que, de acuerdo con los registros oficiales, solo poseía una licencia provincial en Tucumán. Colombo habría ofrecido atención médica y psicológica a menores involucrados en la causa, sin estar habilitado legalmente para hacerlo.
A Colombo se suma Verónica Machuca Juni, quien también ofreció servicios psicológicos a las víctimas, aunque se descubrió que no poseía ningún título que la habilitara. Además, Delfina Taborda, quien actuó como representante legal de Camila Núñez, prima de Loan Peña, participó en diversos medios de comunicación instalando hipótesis que vinculaban el caso con la trata de personas, aunque estas teorías no coincidían con la información contenida en el expediente judicial.
Los acusados enfrentan cargos por delitos que incluyen atentado y resistencia a la autoridad, falso testimonio agravado, estafa calificada, violación de medios de prueba y encubrimiento agravado. Entre los detenidos se encuentran Nicolás Gabriel Soria, alias “El Yanqui”; la abogada Elizabeth Cutaia y su pareja, Pablo Javier Noguera; el abogado Alan Cañete; Pablo Núñez; Verónica Machuca; Valeria López; Leonardo Rubio y Delfina Taborda.
La investigación continúa mientras las autoridades intentan esclarecer la desaparición del niño y los posibles actos delictivos relacionados con la gestión de los recursos destinados a la búsqueda.
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