La causa se inició por la denuncia formulada por el diputado de Unión por la Patria Horacio Pietragalla contra Patricia Bullrich, por haber ordenado, en su carácter de Ministra de Seguridad de la Nación, el operativo llevado a cabo por la policía federal el 4 de septiembre de 2024 en las inmediaciones del Congreso de la Nación, “en cuyo marco se ejerció violencia contra un grupo de manifestantes”.
Aquel día, las organizaciones piqueteras se movilizaron contra del veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Los manifestantes avanzaron sobre la calle y las fuerzas federales aplicaron el protocolo antipiquetes para liberar el tránsito.
Hubo varios enfrentamientos y la marcha terminó con una treintena de heridos, entre ellos ocho periodistas. Bullrich se mostró monitoreando el operativo. Pietragalla la denunció en los tribunales de Comodoro Py 2002 por apremios ilegales y abuso de autoridad.
El juez Martínez De Giorgi, que recibió el caso, entendió que el objeto de la causa versaba, “en última instancia, sobre la validez de la resolución n° 943/2023 del Ministerio de Seguridad −que estableció un protocolo de actuación ante el corte de vías de circulación− y por ello declinó su competencia a favor de la del juez del fuero ordinario que intervino en una causa anterior bajo la forma de acción de habeas corpus preventivo −expediente CNE 10514/2023− en el que se planteó esa misma cuestión legal”.
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