El 2025 marcará un momento crucial en el ámbito judicial y sindical argentino. Los días 5 y 12 de junio, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires llevará a cabo las audiencias del juicio contra Omar Pérez, uno de los principales referentes del Sindicato de Camioneros y allegado a Hugo Moyano, junto a otros cuatro dirigentes del gremio. Los acusados enfrentan cargos de tentativa de extorsión por el bloqueo al depósito de la pyme Andar Transportadora en 2020.
Un caso emblemático de prácticas sindicales
La denuncia, realizada por el empresario Alejandro Castell, propietario de la pyme, reveló un presunto esquema de presión sindical. Según Castell, representantes de Camioneros bloquearon el depósito de su empresa en Villa Soldati durante cuatro horas, exigiendo el pago de una deuda que, según la Justicia, era inexistente.
El incidente incluyó amenazas, insultos y la presencia de alrededor de 15 personas identificadas con el sindicato. Castell relató que fue presionado incluso en reuniones posteriores dentro de la sede del gremio, donde se le insinuó la posibilidad de cruzar información con la AFIP como medida intimidatoria.
Investigación y pruebas clave
El caso fue investigado por el fiscal Mahiques, quien recopiló testimonios de testigos, grabaciones de cámaras de seguridad y mensajes de WhatsApp entre Castell y los dirigentes sindicales. Estas pruebas resultaron fundamentales para acusar a Pérez, Omar Dutrá y otros tres sindicalistas de tentativa de extorsión.
En 2021, el juez Fernando Caunedo procesó a los acusados por coacción, decisión que fue ratificada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Posteriormente, el caso fue elevado a juicio por un delito más grave: extorsión en grado de tentativa.
El contexto sindical y político
Omar Pérez, secretario de Políticas de Transporte del Sindicato de Camioneros y secretario gremial de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), es un dirigente cercano al líder sindical Hugo Moyano. Su implicación en el caso tiene un fuerte impacto político, especialmente considerando su mención como posible sucesor de Pablo Moyano en la CGT.
Además, el juicio ocurre en un contexto en el que otros dirigentes de Camioneros, como Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, enfrentan procesos judiciales similares por bloqueos a empresas.
Repercusiones e implicancias del juicio
El juicio a Omar Pérez y sus compañeros representa un desafío para el movimiento sindical argentino, cuestionado por presuntas prácticas coercitivas y abusivas. Una condena podría sentar un precedente legal, marcando un punto de inflexión en la lucha contra los bloqueos gremiales y la extorsión empresarial.
Para Alejandro Castell, quien sufrió inspecciones exhaustivas de la AFIP tras denunciar a los sindicalistas, el caso también pone en evidencia la vulnerabilidad de las pequeñas y medianas empresas frente a estas prácticas.
Mientras tanto, la sociedad y el ámbito empresarial seguirán de cerca este proceso judicial, que promete ser una de las batallas legales más relevantes del año en el país.
-
-
-
-
-
