El miércoles, el Juzgado de Feria de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal, a cargo de Enrique Lavié Pico, desestimó una medida cautelar solicitada por la empresa belga Dredging International (DEME). La compañía buscaba suspender la licitación para la concesión del dragado y balizamiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay, cuya apertura de ofertas está prevista para el próximo 12 de febrero.
La resolución judicial permite al Gobierno continuar con su estrategia de reprivatización de la Hidrovía, por donde transita el 80% de las exportaciones de granos de Argentina y Paraguay. El contrato, considerado estratégico, involucra una facturación potencial de US$ 410 millones anuales durante 30 años, con opción de prórroga por otros 30, a través del cobro de peajes a las grandes cerealeras usuarias de la vía.
Competencia y acusaciones de favoritismo
En un contexto de tensiones entre las empresas participantes, la firma belga DEME y otros competidores han señalado que los términos de la licitación benefician a Jan de Nul, que manejó la Hidrovía durante tres décadas hasta que el contrato retornó al Estado en 2021. Las críticas apuntan principalmente a la ponderación técnica sobre la económica en los pliegos, lo que, según los privados, limita la competencia por tarifas y favorece a la compañía con mayor experiencia en la región.
El juez Lavié Pico sostuvo en su fallo que «no surge, en esta etapa procesal, en forma palmaria o manifiesta la arbitrariedad o ilegalidad del accionar administrativo», dejando abierta la posibilidad de que las impugnaciones sean tratadas durante las semanas previas al cierre de la licitación.
Rivalidades geopolíticas y reclamos técnicos
Además de Jan de Nul y DEME, en la licitación participan las neerlandesas Boskalis, Van Oord y Rhode Nielsen. Sin embargo, la china CCCC Shanghai Dredging quedó excluida debido a la prohibición de participación de empresas bajo control estatal.
Los privados también reclaman un dragado a 40 pies para permitir mayores volúmenes de carga en los barcos, un punto clave para aumentar la competitividad de las exportaciones.
Tensiones políticas y económicas
La polémica no solo involucra intereses empresariales, sino también disputas políticas. Desde el Gobierno, se acusa al expresidente Mauricio Macri y a su exministro de Transporte Guillermo Dietrich de intentar influir en la licitación a favor de Boskalis. Por otro lado, desde el macrismo critican la lentitud del Gobierno en avanzar con la reprivatización de una infraestructura vital para la economía.
Con las apelaciones en curso, el resultado de la licitación promete ser un nuevo capítulo en la disputa por el control de la Hidrovía, un eje estratégico tanto para el comercio como para la política nacional e internacional.
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