La Cámara Federal porteña confirmó este martes los procesamientos de Eduardo Belliboni y otros dirigentes del Polo Obrero , agravando los delitos que se les imputan. Los Leopoldo Bruglia , Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens acusaron a los líderes sociales de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión , en el marco de una investigación que reveló prácticas de coacción y desvío de fondos públicos.
Los cargos: abuso de la vulnerabilidad social
Según el fallo, los dirigentes exigieron aportes monetarios a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo , bajo la amenaza de retirarles el subsidio estatal si no cumplían. Además, se comprobó que los fondos obtenidos se usaron para financiar actividades político-partidarias.
El tribunal enfatizó que estas acciones constituyen un “aprovechamiento ilegítimo” de derechos legítimos, como la protesta social, afectado a personas en situación de extrema vulnerabilidad.
Detalles de la investigación
La causa, iniciada en diciembre de 2023 tras denuncias al 134 del Ministerio de Seguridad , reveló:
- Uso de facturas falsas para gastos similares inexistentes.
- Exigencia de asistencia a movilizaciones para mantener los beneficios sociales.
- Aportes monetarios obligatorios de hasta el 2% del monto recibido por los beneficiarios.
El esquema, según la Cámara, estaba gestionado por una estructura jerárquica dentro del Polo Obrero, liderada por Belliboni y otros referentes.
El alcance del fallo
Los jueces ordenaron:
- Identificar a las víctimas afectadas por las extorsiones.
- Evaluar la devolución de los fondos retenidos ilegítimamente.
- Rechazar los argumentos de defensa que alegaban desconocimiento técnico o vulnerabilidad de los acusados, señalando que estos actuaron “con pleno conocimiento” del daño causado.
Contexto político y posibles implicaciones
El caso también incluye acusación contra Emilio Pérsico , líder del Movimiento Evita, señalado como parte de una “matriz de corrupción” que habría desvirtuado los objetivos del programa Potenciar Trabajo para beneficiarios actividades partidarias.
La fiscalía sostiene que el esquema perjudicó tanto al erario público como a los beneficiarios más necesitados, subrayando un impacto negativo en el sistema de asistencia social.
Próximos pasos
La resolución judicial representa un avance significativo en una investigación que busca reparar el daño al Estado y las personas afectadas , aunque la defensa de Belliboni anticipó que apelará la decisión.
Este caso pone bajo el foco el uso de los programas sociales y el papel de las organizaciones en su administración, abriendo el debate sobre la transparencia y los controles en la distribución de recursos públicos
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