La Confederación General del Trabajo (CGT) obtuvo una importante victoria en su reunión con tres de los principales funcionarios del gobierno de Javier Milei: Guillermo Francos, jefe de Gabinete, Julio Cordero, secretario de Trabajo, y Santiago Caputo, asesor presidencial. En un encuentro celebrado en la Casa Rosada, los sindicalistas lograron que el Gobierno diera marcha atrás en la reglamentación del artículo anti-bloqueos de la reforma laboral, lo que suaviza una de las medidas más resistidas por los gremios. Además, el Ejecutivo confirmó que no apoyará el llamado “proyecto Tetaz”, impulsado por la UCR y el PRO, que buscaba limitar y controlar la actividad sindical.
Uno de los temas más sensibles para la CGT era el artículo de la reforma laboral que considera los bloqueos laborales como injuria grave y causal de despido justificado. En la reunión, se acordó establecer una mesa de diálogo tripartita, donde se incluirá al sector sindical, empresarial y estatal para consensuar la reglamentación. Gerardo Martínez, líder de la UOCRA, destacó el logro, señalando que el diálogo institucional será la vía para resolver estas cuestiones: “Nosotros apostamos al diálogo, no tememos al diálogo y tenemos argumentos para defender nuestras posiciones”.
Esta medida traerá alivio a gremios como el de Camioneros, liderado por Hugo y Pablo Moyano, quienes han utilizado los bloqueos como su principal herramienta de protesta. Sin embargo, el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) criticó duramente la decisión del Gobierno, advirtiendo que la inclusión de sindicatos en la reglamentación permitiría a los gremios controlar ambos lados del conflicto, comprometiendo la legalidad del artículo. Juan Méndez, presidente del MEAB, denunció la decisión como “un dislate que pone en jaque el artículo 28 de la Constitución Nacional” y acusó al Gobierno de hacer “letra muerta” de la normativa.
En paralelo, la CGT también expresó su satisfacción por el anuncio de que el Ejecutivo no apoyará el “proyecto Tetaz”, una iniciativa que proponía imponer límites y controles al poder sindical. Santiago Caputo, asesor estrella de Milei, ratificó que el Gobierno no avalará esa iniciativa, alineándose con los reclamos del sector gremial.
La reunión contó con la presencia de líderes de gremios en conflicto, como Roberto Fernández (UTA), quien promueve un paro del transporte para el 17 de octubre. Aunque no se trató formalmente el tema del paro, los reclamos salariales de los choferes de colectivos fueron puestos sobre la mesa, y se abrió una vía de negociación que podría desactivar la huelga.
Finalmente, en cuanto al sector educativo, Francos confirmó que el Presidente vetará la ley de financiamiento universitario, pero propuso integrar una mesa de diálogo para atender los reclamos salariales de los docentes. Pese a ello, la marcha universitaria programada para esta semana sigue en pie.
Este giro en la postura del Gobierno representa un respiro para los sindicatos, que venían resistiendo las medidas más duras de la reforma laboral, mientras que el sector empresarial se encuentra en alerta ante lo que consideran una concesión excesiva hacia el gremialismo.
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