El escenario político argentino se encuentra en una suerte de parálisis estratégica: el tablero de ajedrez electoral permanece inmóvil, expectante, mientras se aguarda una resolución clave por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El expediente que mantiene al sistema institucional en vilo es la causa Vialidad, en la que Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en un fallo que ya fue ratificado por la Cámara de Casación. Ahora, la instancia definitiva está en manos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La expresidenta, que la semana pasada oficializó su candidatura a diputada por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, podría quedar excluida de la contienda si la Corte ratifica la sentencia. Se abre entonces un escenario inédito: una figura central del peronismo, líder nacional del Partido Justicialista, sería legalmente apartada del proceso electoral, generando un cimbronazo que afectaría tanto la interna del PJ como el posicionamiento de las fuerzas opositoras, particularmente La Libertad Avanza, que selló una alianza estratégica con el PRO en territorio bonaerense.
Las miradas están puestas en la plenaria de este martes 10 de junio. Según trascendidos, ya se encuentra en redacción el texto final del fallo. La utilización del artículo 280 del Código Procesal, que permite rechazar recursos sin tratar el fondo del asunto, sería el mecanismo elegido por el Máximo Tribunal para confirmar la condena sin abrir una nueva instancia. No obstante, las posibilidades están abiertas: también podría ordenarse una revisión a pedido del procurador, que había solicitado una pena mayor, o declararse la naturaleza constitucional del expediente, lo que implicaría más tiempo para una resolución.
En este clima de máxima incertidumbre, el peronismo convocó a una reunión de emergencia para el lunes 9 de junio en la sede nacional del partido. A las 15 horas, legisladores, referentes territoriales y miembros de la conducción analizarán los pasos a seguir. Entre las alternativas que se barajan se encuentra una eventual movilización popular para respaldar a la exmandataria, en caso de que se confirme su inhabilitación o prisión.
El exjuez supremo Juan Carlos Maqueda, retirado en 2024, aportó una interpretación técnica: «La Corte puede confirmar el fallo, devolverlo a Casación con instrucciones o tratarlo como una causa federal». Aclaró además que no hay elementos jurídicos para hablar de proscripción: “La Justicia tiene sus tiempos y no se rige por el calendario electoral”.
Cristina, por su parte, no esquivó el tema durante un acto en Corrientes. En tono desafiante, denunció una persecución judicial motivada por su decisión de volver a competir. “Si estoy tan acabada, ¿por qué no me enfrentan en las urnas?”, lanzó, cuestionando tanto a sus adversarios políticos como a los sectores del poder económico. La exmandataria incluso aludió a un paralelismo histórico: “Junio ha sido trágico para el peronismo… me quieren presa o muerta, pero lo que no van a poder evitar es que vuelva el pueblo”.
El devenir inmediato de la política nacional está atado al dictamen que la Corte Suprema emitirá en los próximos días. De confirmarse la condena, no solo se alterará el mapa electoral de septiembre y octubre: se encenderá un nuevo ciclo de movilización, judicialización y polarización que amenaza con llevar la tensión institucional al límite. La Argentina está ante un momento bisagra: los tres jueces más poderosos del país sostienen, sobre sus escritorios, el futuro de una figura clave de las últimas dos décadas. El tiempo de la política quedó en pausa. Ahora, habla la Justicia.
-
-
-
-
-
