En una decisión histórica y polémica, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a la administración del expresidente Donald Trump a reanudar las deportaciones de miembros del Tren de Aragua utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 , una legislación de más de dos siglos que raramente había sido invocada en tiempos recientes.
La resolución del máximo tribunal llega luego de que el juez James Boasberg , del Tribunal de Distrito de Washington DC, bloqueando temporalmente la aplicación de esta norma, que permite la expulsión acelerada de extranjeros considerados una amenaza durante conflictos armados. El Gobierno de Trump llevó entonces el caso al Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC , y tras recibir un fallo adverso, presentó un pedido urgente ante la Corte Suprema, que fue aceptado el pasado 28 de marzo .
La decisión representa una victoria significativa para la Casa Blanca , ya que le permite utilizar un marco legal de emergencia para facilitar las deportaciones sin pasar por los mecanismos migratorios tradicionales. Según el Ejecutivo, la aplicación de esta ley es necesaria para combatir amenazas transnacionales como el Tren de Aragua , una organización criminal con origen en Venezuela y ramificaciones en distintos países del continente.
Trump argumentó en su apelación que la decisión de Boasberg socavaba su capacidad como comandante en jefe para proteger al país de amenazas extranjeras , una postura que fue respaldada por la mayoría conservadora de la Corte. Sin embargo, el fallo también establece que los migrantes deberán recibir una notificación adecuada de su situación legal y la posibilidad de impugnar su expulsión a través de un habeas corpus antes de que se concrete la deportación.
El proceso no estuvo exento de controversia. Los abogados defensores de los migrantes expresan su preocupación por la celeridad de las expulsiones y la posibilidad de que los afectados no tengan tiempo suficiente para presentar sus reclamos legales. Desde las organizaciones de derechos humanos, se calificó el fallo como “un retroceso grave en el respeto al debido proceso”.
La decisión fue dividida : los tres jueces liberales votaron en contra , mientras que la jueza Amy Coney Barrett presentó una disidencia parcial, cuestionando los alcances de la ley en contextos no convencionales de guerra.
Aunque el caso seguirá su curso en los tribunales inferiores, la autorización temporal de la Corte Suprema marca un precedente importante y reactiva un debate profundo sobre los límites del poder presidencial, los derechos de los migrantes y el uso de leyes antiguas en contextos modernos de seguridad nacional.
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