La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes la condena a diez años de prisión contra el empresario Lázaro Báez y sus hijos, en el marco de la causa conocida como «La ruta del dinero K». El máximo tribunal del país ratificó el fallo que lo responsabiliza por el delito de lavado de activos por un monto de 55 millones de dólares, originados en maniobras de evasión fiscal entre 2010 y 2013.
La operatoria fue realizada a través de la financiera SGI, más conocida como “La Rosadita”, donde se habrían ejecutado maniobras para enviar dinero al exterior, principalmente a cuentas en Suiza. La investigación se inició en 2013 luego de un informe del periodista Jorge Lanata, y se reactivó en 2016 tras la aparición de un video en el que se veía a uno de los hijos del empresario contando grandes sumas de dinero.
Por falta de acuerdo entre los jueces titulares de la Corte, se convocó a conjueces: Mariano Lozano, de la Cámara Federal de General Roca, y Ramón González, de la Cámara Federal de Corrientes, quienes resolvieron dejar firme la sentencia. Esto fue necesario ya que Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti rechazaron los recursos de la defensa de Báez, pero Carlos Rosenkrantz votó en disidencia y pidió enviar el caso a la Procuración.
Con la condena ratificada, ahora el tribunal oral interviniente deberá definir qué penas serán de cumplimiento efectivo y ordenar las detenciones correspondientes. Báez, actualmente bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica, podría ser trasladado a una unidad penitenciaria.
El fallo sostiene que el capital no declarado siempre perteneció a Báez, quien utilizó a distintos coimputados y estructuras societarias para lavar dinero de origen ilícito vinculado a delitos tributarios. Parte de ese dinero fue canalizado nuevamente hacia la firma Austral Construcciones, empresa insignia del empresario y principal beneficiaria de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
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