Un fallo judicial reciente ha resaltado la importancia de proteger el derecho a la vivienda y la salud de personas en situación de vulnerabilidad. La jueza a cargo del caso estableció la inejecutabilidad de un inmueble, propiedad de la hija de una mujer adulta mayor, que estaba programado para subastarse como parte de un proceso de quiebra. La mujer, quien habita la propiedad, padece enfermedades crónicas y se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico, por lo que la magistrada consideró que el desarraigo y el estrés podrían generar complicaciones graves en su salud.
La Protección del Derecho a la Vivienda y la Salud
La jueza fundamentó su fallo en el derecho constitucional y convencional a una vivienda digna, citando el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, así como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Los informes médicos presentados en el caso detallan que las condiciones de salud de la mujer requieren estabilidad en su entorno para evitar riesgos y mantener un tratamiento adecuado.
“La vivienda tiene una función social y se enmarca en derechos fundamentales”, afirmó la jueza, subrayando que los derechos de salud y vivienda están protegidos por la Constitución y tratados internacionales. También resaltó que los derechos de mayor jerarquía, como la salud y la vivienda, deben prevalecer en casos donde una persona se encuentre en una situación de vulnerabilidad.
Derechos Fundamentales Frente a Procedimientos Judiciales
En su resolución, la magistrada destacó la inadmisibilidad de vulnerar los derechos de terceros ajenos al conflicto en los procedimientos de quiebra, especialmente cuando los afectados son personas adultas mayores o en situación de riesgo. Al establecer la inejecutabilidad del inmueble, el fallo sentó un precedente en la defensa de los derechos humanos frente a los intereses económicos y procesales.
La decisión judicial envía un mensaje sobre la importancia de priorizar el bienestar y la dignidad de las personas más vulnerables, reafirmando el compromiso del sistema judicial con los derechos humanos y el respeto a los principios de dignidad y protección social que asisten a quienes más lo necesitan.
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