En un fallo que impacta de lleno en la política económica del Gobierno, la Justicia Federal de La Plata ordenó este martes la suspensión del decreto 116/2025, que disponía la conversión del Banco de la Nación Argentina (BNA) en una sociedad anónima y prohibía el ingreso de capitales privados.
La medida cautelar interina, dictada en el marco de una causa que cuestiona la legalidad de la privatización, establece que el Estado Nacional y el Banco Nación deben abstenerse de cualquier acción tendiente a su implementación.
El fallo, firmado por el juez Alejo Ramos Padilla, ordena además que, en un plazo de cinco días, las autoridades demandadas presenten un informe que justifique el interés público comprometido en esta transformación.
Un freno judicial a la privatización
La causa que derivó en esta resolución se inició el 11 de junio de 2024, con el pedido de nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución 348 del Directorio del BNA, que impulsaba el proceso de privatización.
Dicho reclamo fue presentado por la Asociación Bancaria, el gremio que nuclea a los empleados del sector y que es liderado por Sergio Palazzo, actual diputado nacional y referente sindical vinculado al kirchnerismo.
El 25 de septiembre de 2024, Ramos Padilla ya había fallado en contra del Gobierno, señalando que el DNU 70/2023 y la resolución 348 no habilitaban cambios en la estructura jurídica del Banco Nación, que solo pueden realizarse mediante una ley del Congreso.
El magistrado declaró entonces “abstracta” la cuestión, pero la decisión fue apelada y se encuentra en estudio de la Cámara de Apelaciones.
El decreto de la discordia
El 19 de febrero de 2025, el Gobierno emitió el decreto 116/2025, que ordenaba la transformación del BNA en sociedad anónima, bajo la Ley N° 21.526, y encomendaba a su Directorio la adopción de las medidas necesarias para ejecutar ese cambio.
Un día después, el 20 de febrero, en el marco del expediente en la Cámara de Apelaciones, se solicitó de urgencia una medida cautelar, lo que derivó en el fallo que hoy suspende la conversión del Banco Nación.
La decisión judicial representa un nuevo revés para el Gobierno, que enfrenta múltiples frenos judiciales en su agenda de reformas económicas. Ahora, la Cámara de Apelaciones deberá decidir si confirma o revoca la medida dictada por Ramos Padilla.
-
-
-
-
-
