El impactante señalamiento y posterior procesamiento por presunto abuso sexual que enfrenta el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, han desencadenado repercusiones políticas significativas. La acusación formulada por su ex secretaria privada ha provocado reacciones inmediatas: el gobernador Axel Kicillof se manifestó en un acto oficial al día siguiente, la oposición en el Concejo Deliberante solicitó su renuncia, y el peronismo ha defendido firmemente al intendente, tanto por acción como por omisión. Este escándalo político está sacudiendo al municipio más poblado de la provincia, con más de 1,8 millones de habitantes, caracterizado por marcadas disparidades socioeconómicas entre vastas áreas carentes de recursos y otras de clase media y alta.
El acto oficial al que asistió Espinoza el día posterior a su procesamiento por abuso sexual fue seguido por una enérgica defensa por parte de Andrés “Cuervo” Larroque, uno de los ministros más cercanos a Kicillof. Larroque afirmó que estas acusaciones forman parte de una operación política, aunque reconoció posibles irregularidades en el caso de La Matanza. Sin embargo, insistió en que no hay elementos nuevos que respalden la solicitud de renuncia realizada por la funcionaria judicial.
Esta defensa política del peronismo y las objeciones a la denuncia han generado una fuerte reacción social, así como la presentación de un proyecto en el Concejo Deliberante por parte de Juntos por el Cambio, instando a Espinoza a dimitir y suspendiendo sus funciones hasta que se resuelva el caso. Lalo Creus, dirigente y ex candidato a intendente de Juntos por el Cambio, respaldó esta iniciativa, destacando el respaldo de los matanceros.
En el Concejo Deliberante, donde el peronismo tiene mayoría, la situación es crucial, ya que Espinoza enfrenta tensiones internas dentro de su propio partido. La clave reside en el bloque del peronismo, donde coexisten distintas facciones con intereses divergentes.
La causa judicial contra Espinoza, que lo acusa de abuso sexual y desobediencia, ha provocado un debate político tanto en el ámbito legislativo local como provincial. Sin embargo, en la Legislatura bonaerense, el tema ha pasado desapercibido hasta el momento, a pesar de la importancia del intendente y su relación con figuras prominentes del peronismo.
La denuncia, presentada hace tres años, ha pasado por varias etapas antes de llegar al procesamiento actual. La jueza a cargo del caso ordenó el procesamiento del intendente por abuso sexual simple y desobediencia, manteniendo la prohibición de contacto con la víctima y aplicando un embargo de $1,500,000.
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