El Ministerio de Justicia está trabajando en la elaboración de un nuevo Código Penal, que propone un cambio profundo en el enfoque actual del sistema judicial. La iniciativa, liderada por la gestión libertaria, busca endurecer las penas por delitos graves, con el objetivo de desincentivar el crimen y fortalecer la seguridad.
Un Código Penal más severo
Según un funcionario de alto rango del Gobierno, el actual Código Penal es «condescendiente con los victimarios» y «no inhabilita la comisión del delito». La propuesta en desarrollo eleva las penas significativamente, priorizando un enfoque punitivo.
“Queremos un Código Penal que sea punitivo, que el que comete un delito tenga miedo de ir preso por 20 años”, explicó el funcionario. En casos graves como violaciones, el Gobierno sostiene que las penas deben ser ejemplares: “Un violador tiene que pasar toda su vida en la cárcel porque no tiene reinserción social”, añadió, dejando entrever que se evalúa la posibilidad de que estos delitos sean castigados con cadena perpetua efectiva.
Actualmente, el Código Penal permite la libertad condicional para quienes cumplen prisión perpetua luego de 35 años de cárcel, bajo ciertas condiciones. Este punto también está en revisión, con miras a limitar estas flexibilidades legales.
Cárceles privadas: ¿una solución o un problema?
En paralelo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, trabaja en un proyecto que busca implementar cárceles privadas, una medida que ha generado controversia en sectores académicos y sociales. Desde el oficialismo se argumenta que el sistema penitenciario actual «es un posgrado en delito» y que su transformación es crucial para combinar castigo con reinserción.
La idea de privatizar el sistema penitenciario se presenta como una solución para mejorar la infraestructura y la administración, pero plantea interrogantes sobre la ética y el impacto social de convertir la privación de libertad en un negocio.
Datos y contexto
En la actualidad, las cárceles del país albergan a unas 56.000 personas condenadas, de las cuales cerca de 2.500 cumplen prisión perpetua, es decir, menos del 5%, según el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena. Estas cifras reflejan la minoría que enfrenta penas máximas y evidencian la magnitud del desafío de la reforma.
Un debate necesario
La reforma del Código Penal promovida por el Gobierno libertario no solo endurece las penas, sino que también abre una discusión de fondo sobre el papel de la justicia penal en la sociedad. Si bien el endurecimiento de penas puede responder al clamor de sectores que exigen mayor seguridad, el enfoque exclusivamente punitivo corre el riesgo de descuidar aspectos fundamentales como la rehabilitación y reinserción social.
La combinación de medidas, como el aumento de penas y la implementación de cárceles privadas, genera dudas sobre la viabilidad y las consecuencias a largo plazo de este modelo. En este sentido, será clave el debate legislativo y la participación de expertos y organizaciones sociales para garantizar que el nuevo Código Penal logre un equilibrio entre justicia, seguridad y derechos humanos.
-
-
-
-
-
