El Tribunal Oral Federal N°4 ordenó este martes la detención inmediata del empresario Lázaro Báez, para que cumpla en una cárcel común el resto de la pena de 10 años que le fue impuesta por lavado de dinero en la causa conocida como la “Ruta del dinero K”. La decisión llega tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó firme la condena, cerrando así todas las vías de apelación.
Báez, quien se encontraba bajo régimen de prisión domiciliaria en su casa de El Calafate, Santa Cruz, será trasladado por efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina a la Unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal en Río Gallegos. Permanecerá allí mientras cumple los seis años, seis meses y 22 días que, según los cálculos del Ministerio Público Fiscal, aún le restan para completar la pena.
El empresario estuvo detenido en el penal de Ezeiza desde abril de 2016 hasta diciembre de 2019. Luego fue beneficiado con el arresto domiciliario en el marco de otra causa por lavado de activos vinculada a la compra del campo “El Entrevero”, en Uruguay, expediente en el que también fue condenado, pero cuya sentencia aún no está firme.
La decisión del tribunal se produjo tras el pedido del fiscal federal Abel Córdoba, quien sostuvo que Báez debe completar su condena en un establecimiento carcelario. La defensa, encabezada por el abogado Juan Villanueva, se opuso con el argumento de que la mayor parte de la pena ya estaba cumplida, posición que fue desestimada por el Tribunal.
El fallo se inscribe en un contexto de reafirmación judicial respecto de causas emblemáticas de corrupción, en el que también quedó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el expediente “Vialidad”. Aunque esa condena aún no ha generado orden de detención, sí constituye un antecedente político y judicial de fuerte impacto.
Con esta resolución, el Poder Judicial reafirma el principio de cumplimiento efectivo de las penas impuestas, especialmente en delitos complejos como el lavado de dinero. Para los organismos de control, la decisión marca un precedente para la ejecución plena de las condenas dictadas en causas por corrupción de altos funcionarios y empresarios vinculados al poder.
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