El caso de la desaparición de Loan, un niño de cinco años que lleva más de 100 días sin ser encontrado, ha dado un nuevo giro con la denuncia presentada por sus padres, José Peño y María Noguera, contra el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard. La familia acusa a las autoridades provinciales de “mal desempeño” en el manejo de la investigación y solicita un juicio político en su contra.
La denuncia de los padres está fundamentada en delitos de “acción y omisión”, señalando el incumplimiento de los deberes legales por parte del gobernador y el vicegobernador, así como del exministro de Seguridad, Buenaventura Duarte. Según el documento presentado por el abogado Roberto Méndez en nombre de la familia, las autoridades no solo habrían fallado en coordinar una investigación eficiente, sino que también habrían contribuido a desviar la atención con declaraciones irresponsables.
Un elemento clave en la denuncia es el polémico tuit que el gobernador Valdés publicó tras una declaración de Laudelina Peña, tía del menor desaparecido, quien afirmó que Loan había sido atropellado. En su mensaje, Valdés insinuó que el caso estaba resuelto, lo que provocó la indignación de los padres, quienes consideran que esa declaración pública no solo fue irresponsable, sino que también desvió la atención de la búsqueda de su hijo.
“Festejaban junto al Sr. Gobernador dicha ‘noticia’ cuando de esa pista se habría desprendido que nuestro hijo estaría muerto y oculto por sus supuestos embestidores y matadores”, señalaron José Peño y María Noguera en su denuncia.
El contexto de la denuncia es aún más complejo debido a la filtración en la prensa de la posibilidad de que uno de los hermanos de Loan, José Peña, pueda ser detenido. Además, la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, ha ordenado una serie de detenciones vinculadas a supuestos miembros de la Fundación Dupuy, aunque en causas paralelas al caso de la desaparición.
La presentación del juicio político busca que se investiguen las “irregularidades e ilegalidades” en el manejo del caso, y se solicita que se actúe conforme al artículo 132 de la Constitución Provincial, que regula el procedimiento para juicios políticos.
El caso Loan ha generado una gran conmoción en la opinión pública y ha dejado muchas preguntas sin respuesta. A medida que pasan los días, la presión sobre las autoridades provinciales aumenta, y la denuncia de los padres representa un nuevo llamado a la rendición de cuentas.