En el Congreso Nacional, los votos de los tres diputados del Partido Justicialista/Unión por la Patria (Jorge Antonio Romero, Nancy Sand y Christian Zulli) han generado un importante movimiento en contra del veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. La votación, que tendrá lugar hoy, busca determinar si el recorte propuesto por el presidente será implementado o rechazado, y los legisladores correntinos ya han dejado claro que votarán en contra del veto.
Christian Zulli, uno de los legisladores justicialistas, expresó: “Nosotros somos coherentes, trabajamos para construir este proyecto y transformarlo en ley, ahora mantendremos nuestro voto a favor de las universidades y en contra del recorte de fondos que quiere hacer Milei”. Zulli destacó que la voz de millones de argentinos que salieron a las calles en defensa de la universidad pública debe ser escuchada por el Congreso.
Por su parte, Nancy Sand, diputada de Bella Vista, aseguró que en su bloque ya tienen definida su postura: “Nosotros rechazaremos el veto del presidente de la Nación. Recibimos la opinión de los gremios universitarios y de los rectores, quienes fundamentan nuestra postura y respaldan la ley que aprobamos en el Congreso”.
Jorge Antonio Romero reafirmó la unidad del bloque justicialista en esta votación: “Del bloque de Unión por la Patria no hay que esperar otra cosa que el rechazo al veto. Lo dijimos desde el primer momento y lo sostenemos”.
Con estos tres votos asegurados y el respaldo de un diputado de la Unión Cívica Radical (UCR), suman cuatro de los siete legisladores por la provincia de Corrientes en contra del veto. Sin embargo, la atención se centra en lo que harán los representantes de otros bloques, ya que dos de ellos —del PRO y ELI— aún no han definido públicamente su postura, mientras que el único voto confirmado a favor del veto pertenece a un legislador de La Libertad Avanza (LLA).
El desenlace de esta votación es clave para el futuro del financiamiento universitario en Argentina, y el resultado final dependerá de la postura que adopten los legisladores indecisos. ¿Se alinearán con los reclamos en defensa de la educación pública o apoyarán el ajuste propuesto por el Ejecutivo? El Congreso Nacional tiene la última palabra.
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