Encabezada por centros de jubilados y un amplio espectro de organizaciones sociales y gremiales, Corrientes vivió una masiva manifestación en rechazo al veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Más de cuatro cuadras de manifestantes marcharon por las calles de la ciudad, en una jornada que sumó miles de firmas contra la medida adoptada por el presidente Javier Milei. La columna culminó frente a la Casa de Gobierno, donde los participantes denunciaron un “genocidio social” que afectaría tanto a jubilados nacionales como provinciales y municipales.
La protesta fue organizada por la CTA de Corrientes, junto con la Multisectorial Social y Gremial, y contó con la participación de organizaciones como CCC, Barrios de Pie, Libres del Sur y la UTEP, que agrupan a trabajadores activos y pasivos. Los manifestantes no solo expresaron su repudio hacia el veto, sino que también anunciaron medidas gremiales y judiciales en defensa de la Ley de Movilidad, la cual había sido aprobada por dos tercios del Congreso Nacional.
Uno de los puntos más críticos de la manifestación fue la denuncia del recorte de un tercio del vademécum de medicamentos cubiertos por el PAMI, lo que afectaría directamente a jubilados y pensionados. Los oradores que tomaron la palabra advirtieron sobre las graves consecuencias del veto y señalaron que la medida profundizará el desfinanciamiento del sistema previsional de la provincia, gestionado por el Instituto de Previsión Social (IPS).
Además, hubo un fuerte reclamo dirigido a los diputados nacionales de Corrientes que no manifestaron una posición clara de rechazo al veto. Los nombres de Federico Tournier (ECO ELI), Sofía Branbilla (PRO) y Lisandro Almirón (LLA) fueron mencionados en la protesta. Los manifestantes advirtieron que no olvidarán si traicionan al pueblo y amenazaron con hacerles sentir su descontento en las calles.
El gobernador de la provincia, perteneciente a la UCR, también fue interpelado. Los manifestantes le exigieron que no sea “cómplice del genocidio social” y que defienda el financiamiento del IPS. Al mismo tiempo, destacaron el compromiso de algunos diputados nacionales, como Jorge Romero, Nancy Sand y Christian Zulli (PJ-UP), y Manuel Aguirre (UCR), quienes ya expresaron su rechazo al veto.
Finalmente, los oradores subrayaron la unidad de las organizaciones en la lucha contra lo que describen como un “plan de ajuste, represión y hambre” impuesto por el gobierno nacional. La movilización, que tuvo una amplia participación, dejó en claro que la sociedad correntina no está dispuesta a aceptar lo que consideran un ataque directo a los derechos de los jubilados y trabajarán para revertir las medidas adoptadas por el presidente Milei.
Esta movilización en Corrientes refleja un creciente malestar en varias provincias del país, que se enfrentan a las políticas de ajuste y recortes impulsadas por el Ejecutivo Nacional, y promete ser solo el comienzo de una serie de acciones que buscan frenar lo que muchos consideran un retroceso en los derechos adquiridos por los jubilados.
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