El gobierno de Javier Milei oficializó la anulación de la cesión de más de 25 mil hectáreas en Mendoza, otorgadas a comunidades mapuches durante la gestión kirchnerista. La medida fue firmada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en respuesta a un pedido de nulidad presentado por el gobierno provincial, que denunció irregularidades en el procedimiento.
Los terrenos en cuestión, ubicados en los departamentos de San Rafael y Malargüe, poseen un alto potencial de desarrollo minero y su transferencia a comunidades indígenas en enero de 2023 generó fuertes cuestionamientos. En su momento, Mendoza llevó el caso a la Corte Suprema, argumentando que la cesión violaba la autonomía provincial y los derechos de propiedad privada.
Fundamentos de la anulación y repercusiones
Las resoluciones actuales, firmadas por el titular del INAI, Claudio Avruj, revocan el reconocimiento de ocupación de las comunidades Lof El Sosneado (San Rafael) y Suyai Leufu (Los Molles, Malargüe). El Ejecutivo mendocino sostuvo que el otorgamiento de tierras se realizó de manera unilateral, sin consulta previa, y que otras provincias enfrentan reclamos similares de propietarios que defienden sus derechos sobre las tierras afectadas.
La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, celebró la medida y denunció que en 2023 “se intentó imponer ilegítimamente el reconocimiento de supuestas ocupaciones ancestrales en Los Molles y El Sosneado”. Asimismo, destacó la gestión de Claudio Avruj al frente del INAI y advirtió que el gobierno provincial no permitirá decisiones arbitrarias sin sustento legal.
Una cesión cuestionada desde su origen
La entrega de tierras en 2023 fue impulsada por el entonces presidente del INAI, Alejandro Marmoni, sin la intervención del gobierno de Mendoza. La medida se justificó en el Código Civil y Comercial, que reconoce el derecho de las comunidades indígenas a la posesión y propiedad de los territorios que ocupan tradicionalmente.
Sin embargo, la provincia argumentó que no existían pruebas suficientes para acreditar la ancestralidad de las comunidades en esos terrenos. En total, la comunidad Lof Limay Kurref había recibido 4.477 hectáreas, la Lof Suyai Leufu unas 3.584 hectáreas y la Lof El Sosneado 21.370 hectáreas.
Revisión de políticas en el INAI y control sobre futuras cesiones
Con esta decisión, el gobierno de Milei establece que cualquier futura cesión de tierras deberá contar con la aprobación de los gobiernos provinciales. La anulación se produce en un contexto de creciente conflicto en la Patagonia, donde en las últimas semanas se registraron incendios intencionales atribuidos a grupos radicalizados.
Desde el INAI aseguraron que revisarán otros casos similares y que trabajarán en un nuevo marco normativo para garantizar seguridad jurídica tanto para las comunidades indígenas como para las provincias y propietarios afectados.
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