El presidente Javier Milei logró una importante victoria en el Congreso al consolidar su veto a la ley de financiamiento universitario, que había sido rechazada por el Gobierno debido a los riesgos que implicaba para el equilibrio fiscal. La norma proponía actualizar los salarios de docentes y no docentes de universidades en base a la inflación, con carácter retroactivo desde enero hasta diciembre de 2024, pero Milei y su equipo económico consideraron que el costo de 0,14% del PBI comprometía su plan de ajuste y reducción del déficit.
Después de semanas de intensas negociaciones con gremios docentes, gobernadores y sus propios aliados en el Congreso, los libertarios sumaron 84 votos a favor del veto, mientras que la oposición solo alcanzó 164 votos en su intento de mantener el proyecto original. Dado que se necesitaban dos tercios de los presentes para rechazar el veto presidencial, las ausencias y abstenciones jugaron un papel clave en el desenlace de la votación.
La intervención del expresidente Mauricio Macri resultó determinante para alinear al PRO, que enfrentaba fuertes divisiones internas. Si bien algunos diputados del PRO consideraban que el costo de la ley no amenazaba el equilibrio fiscal y que la escalada del conflicto con los gremios se debió a la falta de negociación, la mayoría del bloque se mantuvo firme en apoyar el veto de Milei. Cristian Ritondo, líder del bloque del PRO, defendió la decisión con firmeza: “Este bloque es responsable y coherente con lo que dijimos en la campaña. No negociamos el cambio”. Ritondo añadió que la situación fiscal heredada era crítica y que el ajuste en el gasto era esencial para desactivar “la bomba” dejada por administraciones anteriores.
Tensiones dentro de la oposición y abstenciones clave
En medio de la votación, varios actores políticos clave tomaron decisiones que inclinaron la balanza a favor del oficialismo. La diputada rebelde Lourdes Arrieta, quien recientemente formó un monobloque tras romper con Martín Menem, votó a favor del financiamiento universitario, marcando una excepción dentro del bloque libertario. Además, ausencias como la de Oscar Zago, jefe de la bancada aliada del MID, que se encontraba de viaje, contribuyeron a que el oficialismo mantuviera su ventaja.
El radicalismo, que impulsó originalmente el proyecto de financiamiento universitario, también vivió tensiones internas. Cuatro de los cinco radicales “libertarios” se mantuvieron del lado de Milei, mientras que Pablo Cervi decidió abstenerse, lo que indirectamente favoreció al Gobierno al incrementar el número necesario para alcanzar los dos tercios.
El rol de los gobernadores y el control de daños
Los gobernadores jugaron un papel decisivo para asegurar el resultado a favor del oficialismo. Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Carlos Rovira, de Misiones, instruyeron a sus diputados a apoyar el veto o abstenerse, mientras que el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego, argumentando el legado educativo de su provincia como la tierra de Sarmiento, aportó votos en contra del Gobierno.
El aumento de la Garantía Salarial Docente, anunciado por el Gobierno en medio de las negociaciones, también fue una jugada clave para apaciguar los reclamos sindicales. El nuevo salario mínimo de $420.000 retroactivo a julio y el aumento del 6,8% para octubre no satisficieron completamente a los gremios, pero sirvieron para mantener el control sobre las tensiones en las universidades.
Una victoria fiscal, pero con costo político
Mientras el Gobierno celebraba la victoria, la oposición, liderada por Unión por la Patria, lamentó la falta de consenso y la ausencia de algunos de sus miembros en la votación. Fernanda Ávila, diputada catamarqueña, no participó de la sesión debido a una negociación entre la Casa Rosada y el gobernador Raúl Jalil, lo que causó malestar dentro de su bloque.
El diputado libertario José Luis Espert fue el encargado de cerrar el debate con un mensaje claro: “La educación pública no está en peligro, no tengan miedo. Es ridículo pensar que el gobierno que declaró la educación como servicio esencial está detrás de un intento de terminar con la educación pública”. Con este mensaje, el oficialismo reafirmó su postura, asegurando que las medidas adoptadas son parte de un plan para corregir la economía y no un ataque a la educación pública.
La victoria de Milei en esta votación no solo reafirma su capacidad de maniobra en un Congreso dividido, sino que refuerza su enfoque en la reducción del déficit fiscal, aunque a costa de crecientes tensiones con sectores educativos y sociales que ven en estas medidas un retroceso en los derechos adquiridos.
-
-
-
-
-
