El Gobierno de Javier Milei formalizó la derogación de la Ley Nº 26.160 y el Decreto Nº 805/2021, poniendo fin a la emergencia que desde 2006 protegía las tierras ocupadas por comunidades indígenas de posibles desalojos. A través del Decreto 1083/2024, firmado por el presidente y su gabinete, se estableció la posibilidad de desalojar territorios en conflicto, una decisión que polariza el debate en torno a los derechos de los pueblos originarios y la soberanía del Estado.
El argumento del Ejecutivo
Según el texto oficial, la medida busca revertir las restricciones que «limitaban el libre ejercicio de las actividades productivas y recreativas» en tierras involucradas. El gobierno justificó la decisión alegando que la extensión de la emergencia durante casi dos décadas facilitó «abusos» en el uso de la normativa, fragmentando comunidades y dificultando la recuperación de predios ocupados ilegalmente.
«La situación precaria de los legítimos propietarios o poseedores, desplazados durante 18 años sin derecho a reclamar ante la justicia, junto con la necesidad de seguridad jurídica para el desarrollo del país, justifican la inmediatez de los efectos del presente decreto», señaló el documento.
Impacto en los conflictos actuales
El fin de la emergencia llega en un contexto de alta conflictividad en regiones como Chubut, donde comunidades mapuches, como el grupo Lof Paillako, han protagonizado ocupaciones en áreas protegidas, como el Parque Nacional Los Alerces. Durante años, estos conflictos fueron manejados con posturas conciliadoras por parte de gestiones anteriores, pero la administración actual busca recuperar estos territorios a través de la Justicia.
En particular, el Ejecutivo destacó que la normativa derogada había «avasallado los derechos de la ciudadanía y agraviado las prerrogativas soberanas del Estado», marcando una línea dura hacia los reclamos indígenas.
Reacciones y desafíos
La decisión fue celebrada por sectores afines al gobierno, que valoran la recuperación de tierras para sus legítimos dueños y el impulso al desarrollo económico. Sin embargo, ha despertado fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos y comunidades originarias, que denuncian el desamparo frente a posibles desalojos masivos y la falta de consulta previa.
Además, la derogación de la Ley Nº 26.160 se alinea con la política exterior de Milei, que se distancia de iniciativas internacionales como la Agenda 2030 y el Pacto del Futuro, mostrando una postura crítica hacia la promoción de derechos indígenas en foros globales.
El futuro de las comunidades indígenas
Con esta medida, la administración de Milei redefine la relación entre el Estado y las comunidades originarias, priorizando la recuperación de tierras en conflicto y limitando la protección jurídica que estas disfrutaron por casi dos décadas. La implementación del decreto promete ser un punto de inflexión en el manejo de los conflictos territoriales en Argentina, aunque también augura tensiones sociales y legales de gran envergadura.
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