El presidente Javier Milei oficializó un decreto que habilita la participación de las Fuerzas Armadas para proteger objetivos estratégicos en el territorio nacional. La norma, publicada en el Boletín Oficial, responde a amenazas emergentes como el terrorismo internacional, el crimen organizado y los ataques cibernéticos, otorgando al Poder Ejecutivo la responsabilidad de identificar y garantizar la custodia de infraestructuras críticas.
¿Qué se considera un objetivo estratégico?
El decreto define como objetivos estratégicos a las instalaciones consideradas vitales para el funcionamiento del Estado y la seguridad nacional, tales como:
- Plantas nucleares.
- Usinas eléctricas.
- Represas.
- Radares.
- Instalaciones de seguridad nacional.
Estas infraestructuras son fundamentales para garantizar el bienestar de la población, el desarrollo económico, la protección ambiental y la soberanía nacional.
Ampliación de las competencias
La medida, firmada también por el jefe de Gabinete Luis Petri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, introduce un cambio significativo en la normativa vigente al incluir amenazas provenientes de actores paraestatales y criminales. Esto implica que los desafíos no solo provienen de otros Estados, sino también de grupos transfronterizos y organizaciones delictivas, lo que amplía el marco de actuación de las fuerzas de seguridad.
Según el decreto, las amenazas pueden surgir “de fuerzas, organizaciones o actores estatales, paraestatales o criminales, tanto nacionales como transfronterizos, durante períodos de paz, guerra o conmoción interior”.
Coordinación para la custodia
El decreto establece un esquema de cooperación entre diferentes fuerzas:
- Designación de objetivos estratégicos: será competencia exclusiva del presidente, en conjunto con los ministros de Defensa y Seguridad.
- Protección compartida: el Ministerio de Seguridad podrá coordinar operativos con las Fuerzas Armadas y las policías provinciales.
- Comando operacional en crisis: en casos de guerra o conmoción interior, el mando será asumido por las Fuerzas Armadas.
La medida se enmarca en la Ley de Defensa Nacional, que establece como objetivo proteger la soberanía, la libertad y la integridad territorial del país.
Un enfoque frente a las nuevas amenazas
El gobierno de Milei argumenta que el contexto global exige anticiparse a nuevas amenazas, como el terrorismo internacional y los ataques cibernéticos, que tienen el potencial de desestabilizar los Estados mediante la afectación de infraestructuras críticas.
“El concepto de ‘objetivo estratégico’ requiere claridad jurídica para evitar ambigüedades y garantizar su custodia efectiva”, subraya el decreto, que busca reforzar la seguridad nacional mediante un enfoque estratégico.
Reacciones
La medida ha generado diversas opiniones. Por un lado, sus defensores destacan su enfoque proactivo frente a riesgos globales y la necesidad de proteger recursos clave para el desarrollo del país. Por otro lado, críticos advierten sobre los riesgos de militarizar áreas civiles y el posible impacto en las libertades democráticas.
Con este decreto, la administración de Javier Milei da un paso hacia la implementación de una política de defensa adaptada a los desafíos del siglo XXI, priorizando la seguridad de las infraestructuras más importantes para la estabilidad y el desarrollo de la nación.
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